La sociedad española es una de las que más alta desconfianza tiene en la política. ¿Cree que se condena más duramente a los políticos, hasta qué punto algunas penas son ejemplares?

–No creo que las sentencias sean más duras, lo que sí es verdad es que en lo que respecta a la figura del indulto es mucho mas complicado su concesión al tratarse de delitos enmarcados bajo el epígrafe de corrupción política.

–Quizá no haya que preguntarse qué pasa ahora, sino qué pasaba antes. ¿Se llegó a dar una sensación de impunidad?

–No son delitos con una fácil visibilidad, de hecho, casi todos los hechos enjuiciados son de hace bastantes años, y quizás a eso se debiera esa posible sensación de impunidad. El tiempo de respuesta provoca esa percepción. Tan es así que la corrupción se convirtió en una preocupación muy importante de los ciudadanos. Muy significativo es el informe sobre el panorama de las administraciones públicas 2013 publicado por la OCDE donde se reflejó que España era uno de los 34 miembros donde hay más ciudadanos que piensan que la corrupción está extendida.

–¿Ha habido algún caso específico que suponga un antes y un después?

–Una sentencia, no firme y susceptible de recurso, se convierte en piedra angular de una moción de censura que prospera y determina un cambio de gobierno que es en el que ahora nos encontramos. Ese sería el caso.

–¿Hasta qué punto cree que pueden influir en estos casos los juicios paralelos? Cuando un político es encausado, a nivel social, se da por hecha la culpabilidad.

 –Se cambió la denominación de imputado por la de investigado para quitar un poco de hierro al asunto, aunque se utiliza igualmente por el adversario como arma arrojadiza ese momento procesal del desfile ante los juzgados. La libertad de información, las reglas del proceso y los juicios paralelos tendrán que aprender a convivir. El proceso penal se rige por principios donde destacan la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, pero estos principios no vinculan a los medios de comunicación porque son reglas internas del propio proceso y el periodismo tiene las suyas propias.  

–¿Cree que hay un mayor sesgo de desconfianza hacia la izquierda o hacia la derecha? 

–Existe desconfianza hacia las instituciones que afecta no solo a la política sino también a la propia Justicia. Contamos con una justicia muy preparada pero que todavía padece una escasez importante de medios y que se rige por leyes procesales del siglo XIX, por eso urge una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

–Hay otras cuestiones también protagonistas de la relación entre tribunales y políticos: quizá el más significativo, sean los relacionados con el procès y el dilema en torno a sus presos políticos/políticos presos.

–En España no existen presos políticos. Existen una serie de políticos sobre los que recae una medida cautelar de prisión provisional. Ahora están siendo juzgados por el Supremo con todas las garantías y su derecho de defensa.

–Otro de los fenómenos recientes es la “muerte por demandas”: la saturación de denuncias entre los mismos partidos políticos. ¿Puede resultar dañino a medio plazo?

–Frente a la politización de la justicia está la judicialización de la política. El uso del sistema judicial, conociendo la lentitud que le caracteriza, puede llevar a la tentación de poner denuncias con objeto de conseguir ese desgaste del juicio paralelo y lograr ventajismo político; creo que es un mal camino para nuestro país.