El pleno celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de El Puerto, el último ordinario del mandato, venía envuelto en un fuerte olor electoralista, sobre todo de la mano de una propuesta de urgencia presentada por el Partido Popular con la que pretendían que el Ayuntamiento se personara en una demanda interpuesta por la constructora Gyocivil, la del fallido parking de Pozos Dulces, contra el exalcalde David de la Encina y exconsejeros de Impulsa El Puerto e Impulsa Aparca.

Si se hubiera llegado a debatir esta propuesta venía otra a continuación presentada por el PSOE para que, en la misma medida, se personara el Ayuntamiento en otros procedimientos de la misma empresa contra el propio Ayuntamiento y contra Impulsa El Puerto.

Finalmente no llegó a debatirse nada porque gracias a la abstención de los dos concejales de Ciudadanos, la urgencia de la moción no salió adelante y el río revuelto que buscaba el PP no llegó a producirse.

Leocadia Benavente, aunque votó a favor de la urgencia del asunto, se preguntó por qué no se había encargado previamente un informe jurídico, lo que fue despachado con balones fuera por parte del portavoz popular. David de la Encina fue más tajante y acusó al PP de haber querido llevar a pleno este asunto “para poner el ventilador y salpicarme a mí, comprometiendo incluso al secretario”, llegando a intercambiarse algunas frases escatológicas entre los portavoces socialista y del PP. “Ustedes empezaron los parkings en 2009 y deberían haberlos terminado en mayo de 2015. Nosotros llegamos en junio de ese año, así que ya deberían haber estado hechos para entonces”, recordó de la Encina, achacando al PP toda la responsabilidad del fracaso del proyecto.

Entre el público, como viene siendo habitual, agentes del sindicato UPLBA de la Policía Local con camisetas con eslogan contra Beardo. También estuvieron presentes los trabajadores del servicio municipal de autobuses, así como representantes de la concesionaria de la limpieza, entre otros colectivos, y un reivindicativo Manuel Pérez Navarro, ‘El trompeta’, presidente de La Gaviota que acudió tan solo para decirle a David Calleja en voz alta que el pasado martes le dejó plantado en la Feria, donde según asegura habían quedado para ver sobre el terreno asuntos relacionados con la accesibilidad en el recinto de Las Banderas.

En la sesión se aprobaron las cuentas de Apemsa, aunque con un informe en contra del área de Intervención, y se aprobó por urgencia pagar a la concesionaria de autobuses 2,3 millones de euros por la liquidación del ejercicio 2022, que se ha prestado sin contrato en vigor. A esa cantidad hay que sumar otros 350.000 euros por la amortización de cuatro autobuses. Aunque en un principio el punto no presentaba mayor debate, la actitud del concejal Millán Alegre soliviantó los ánimos de la oposición, ya que llegó a decir que el pliego de condiciones para el nuevo contrato se había tenido que aprobar en junta de gobierno local por haberlo tumbado antes en dos ocasiones la oposición, cosa que tuvo que reconocer más tarde que no era así, ya que lo que no se aprobó fue el estudio previo económico. Todos los grupos salieron en tropel a desmentir al concejal del PP, e incluso en el seno de Ciudadanos hubo división de opiniones, votando a favor de la propuesta Curro Martínez y absteniéndose Lola Campos.

La falta de apoyo de Vox molestó a Alegre, que acusó a Leocadia Benavente de haberse “aliado con izquierda radical y los que ampararon a los asesinos de ETA”. No obstante, el punto salió adelante, al igual que la solicitud de una subvención estatal para rehabilitar con fines turísticos el Monasterio de la Victoria.

El PSOE llevó también algunos asuntos recurrentes, como la tardanza del pliego de limpieza o la labor de David Calleja al margen de sus obligaciones como concejal, pero quedaron un tanto diluidos ante la ausencia de Calleja primero, y Beardo después, hasta que una avería de los micrófonos obligó a hacer un receso.La edil Marina Peris también estuvo ausente toda la sesión.

Al cierre de esta información estaba pendiente de intervenir el exsecretario de la Fundación Alberti, Enrique Pérez Castallo, al que el Ayuntamiento aún no le ha abonado los 90.000 euros que se le deben por su trabajo durante varios años como trabajador de la institución cultural. También estaba prevista la aprobación de la propuesta para reconocer a Coca García Junquero como Hija Predilecta de la ciudad.