San Fernando Un año de dudas, recelos y compromisos políticos en torno a la tasa consorcial

  • Los isleños siguen sin tener claro si deben que pagar los recibos que se deben desde 2016

  • PP y AxSí quieren que el Ayuntamiento asuma directamente el coste pero reclaman un estudio jurídico en profundidad tras las dudas de Intervención 

Un operario de los servicios de limpieza, en una imagen de archivo, manipulando residuos. Un operario de los servicios de limpieza, en una imagen de archivo, manipulando residuos.

Un operario de los servicios de limpieza, en una imagen de archivo, manipulando residuos. / Román Ríos (San Fernando)

Ha pasado un año desde que empezaron a llegar las primeras notificaciones de la tasa consorcial a los domicilios. Sin embargo, los isleños siguen todavía sin tener muy claro si tendrán que pagar o no estos 38 euros anuales por el tratamiento de residuos que se reclaman desde el año 2016.

El gobierno municipal, tras aprobar la subida del IBI, anunció esta semana la convocatoria de un pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes al objeto de poner el punto final a esta polémica tasa. O, mejor dicho, para que el Ayuntamiento se haga cargo directamente de su coste íntegro –alrededor de dos millones de euros– con cargo a los presupuestos municipales.

Precisamente para eso –argumenta el Consistorio– se ha subido recientemente el IBI un 6%. Es decir, que de una u otra manera los ciudadanos se tendrán que rascar el bolsillo.

Eso sí, la propuesta que el equipo de gobierno lleva a pleno tiene una fecha concreta de aplicación: a partir de 2020. Los recibos correspondientes a los ejercicios de 2016, 2017, 2018 y 2019 –152 euros en total– siguen todavía en el aire. Y el informe de control elaborado por Intervención, que alerta de que podría incurrirse en responsabilidades penales si el Ayuntamiento se hace cargo de estos recibos pendientes, no ha hecho sino acrecentar las dudas al respecto.

A todo este panorama ayer, además, se sumó la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del decreto por el que el Consorcio Bahía de Cádiz aprueba las listas cobratorias para la tasa por la prestación del servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos municipales referidas al ejercicio 2019 en los municipios de Puerto Real y San Fernando.

La reacción del PP no se hizo esperar: "Se constata el engaño a la ciudadanía que han supuesto los reiterados anuncios realizados por el gobierno de Patricia Cavada y en los que aseguraba la alcaldesa socialista que iba a paralizarse y evitarse el cobro de los recibos de las tres anualidades que, por el servicio de tratamiento de residuos, el Ayuntamiento no hizo frente tal y como sí hizo hasta 2015", dijo su portavoz y presidente local, José Loaiza, que aseguró que en breve empezarán a llegar los recibos de lo que al PP gusta llamar "la tasa Cavada".

Loaiza, eso sí, dejó muy clara la postura de su partido con respecto al pleno del próximo lunes. El PP –recordó– siempre ha defendido que sea el Ayuntamiento el que pague directamente la tasa con cargo a los presupuestos. Y Loaiza no ve ningún problema en que así se haga a partir de 2020, "como se ya se hacía durante los años en los que gobernaban los populares y como propusimos a Cavada que hiciera en varias ocasiones durante el anterior mandato a través de las alegaciones que presentábamos a los presupuestos".

El problema radica en los recibos pendientes, el punto que lleva al interventor a señalar posibles responsabilidades penales al hacerse cargo con fondos públicos de los tributos correspondientes a sujetos pasivos. "Vamos a pedir en el pleno un estudio jurídico en este sentido", anunció Loaiza, quien de entrada se muestra a favor de que el Consistorio se haga cargo de su pago. Eso sí, advierte, "hay mucho que aclarar al respecto". El PP considera que hay que definir y especificar en qué responsabilidades se pueden incurrir. De ahí el estudio que demanda.

También el portavoz de AxSí, Fran Romero, se mostró de acuerdo en que el Ayuntamiento asuma el pago de la tasa consorcial de forma que no revierta directamente en los ciudadanos. Eso sí, el edil andalucista reclama también que se amplíe ese informe de Intervención para aclarar esas posibles responsabilidades penales en las que se puede incurrir.

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