El sindicato Staj ha mostrado su rechazo a la decisión de la Junta de Andalucía de implementar las medidas relativas a la comarcalización de varios Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Andalucía.

Según apunta el sindicato en un comunicado, ya mediante escrito con fecha de 25 de octubre del 2021, presentado ante la Consejería de Justicia, "expresamos nuestro rechazo a la decisión tomada por el Consejo General del Poder Judicial en relación con la comarcalización de la competencia en materia de violencia de género en el Campo de Gibraltar".

"Esta medida conllevó la pérdida de la competencia en los Juzgados de La Línea y de San Roque en favor de Algeciras. La medida fue, a todas luces, desastrosa, con jornadas interminables para los trabajadores y profesionales y largas horas de espera por parte de las víctimas para ser atendidas, junto con el hecho evidente de alejar geográficamente la justicia de las personas perjudicadas", explica Staj en su nota.

El pasado 20 de octubre, el sindicato requirió mediante escrito a la Consejería que diese marcha atrás con su plan y paralizase dicha medida para el resto de Andalucía. "Como principales propuestas expusimos que podría solicitarse al Ministerio de Justicia la creación de más juzgados, la coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a los efectos de reorganización de reparto de asuntos y/o exención de los mismos o incluso una dotación extraordinaria de personal mediante el incremento de plantilla orgánica de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia allí donde fuese necesario".

Asimismo, Staj expone que "aun no siendo competencia directa de la Junta de Andalucía esta propuesta decomarcalización, sí puede la Consejería, si existe voluntad política, realizar todas las negociaciones con los órganos competentes para no dejar huérfano de servicio a aquellos territorios en los que se pretende eliminar estos juzgados. Al respecto, el sindicato apunta que, a nivel provincial, se pueden ver afectados ahora los Juzgados de Puerto Real y el de San Fernando. "Si no se hace nada por parte de la Junta y los responsables de la Consejería no ejercen su función de velar por los derechos de las ciudadanas de su territorio, el acceso a la Justicia para miles de mujeres víctimas de violencia en Andalucía quedará en entredicho", concluye Staj.