Es todo un clásico. Por enésima vez la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  (TSJA) ha vuelto a plantear la necesidad de dotar a San Fernando de otro juzgado más de primera instancia e instrucción habida cuenta de que el número de asuntos que tramitó durante el año 2020 –tanto civiles como penales– supera con creces la carga referencial de trabajo que se utiliza como parámetro para medir la saturación de sus sedes. La de La Isla es, de hecho, una de las tres plazas judiciales que plantea habilitar en la provincia de Cádiz junto a las que propone también para Arcos y Sanlúcar de Barrameda al objeto de contrarrestar esta situación.

No es nada nuevo, desde luego. Hace años que la memoria del TSJA insiste en la misma propuesta –con cifras incluso peores que las registradas en esta ocasión– sin que la situación de los Juzgados isleños se haya visto atenuada más allá de alguna medida de refuerzo. Las reivindicaciones –profesionales y sindicales– se remontan incluso más de una década atrás en el tiempo. Pero en realidad el cuarto juzgado de San Fernando nunca ha llegado más allá de la propuesta que año tras año se recoge en la memoria judicial y de las esporádicas demandas que han aparecido en la prensa.

"Desde hace años se ha detectado la necesidad de un aumento de las plazas judiciales o, en su caso, mantener o iniciar medidas de refuerzo", reconoce el TSJA al aludir a la situación de San Fernando y de otras localidades en similares condiciones y por encima de la citada carga referencial.

Al panorama de sobra conocido, además, se le han añadió en 2020 la pandemia y el "consiguiente atasco que se concentró en la primera instancia, debido a los cambios de señalamientos continuos o el reajuste de la agenda judicial", como señala de modo genérico –para todos los juzgados andaluces– el TSJA en este balance anual. Eso explica también que el número de asuntos tramitados durante 2020 sea inferior al registrado en años anteriores, aunque dicha descenso no se viera traducido, ni mucho menos, en un alivio en los saturada sede judicial de San Fernando.

Si se analizan las cifras que recoge la memoria, cada uno de los tres juzgados de La Isla ingresó una media de 1.513 asuntos civiles a lo largo del año pasado: 3.349 (asuntos civiles), 1.043 (ejecución civil)y 146 (jurisdicción voluntaria civil). En 2019, la media por juzgado fue de 1.755 asuntos.

En cuanto a asuntos penales se ha contabilizado en 2020 un total de 2.929, lo que supone igualmente una media de 976 por cada uno de los tres juzgados de SanFernando. El total del año anterior fue de 4.008 asuntos.

Aunque a pesar de ese descenso, la media de asuntos civiles ingresados –1.513– resulta ser la más alta de toda los 36 juzgados de primera instancia e instrucción de la provincia. Le sigue en el ránking Sanlúcar, con 1.183; El Puerto, con 1.136; Puerto Real, con 1.076; y Arcos, con 1.004. En el resto, la media se queda por debajo de los 1.000 asuntos civiles. Y en sedes judiciales como Chiclana –por utilizar una referencia cercana– esta media es de 890.

En cuanto al número de asuntos penales tramitados (976 por juzgado), La Isla sería la cuarta sede judicial con más carga de trabajo, por detrás de Arcos (1.165), San Roque (1.156) y El Puerto (1.099).

La memoria del TSJA, además, anticipa un empeoramiento de la situación a causa de las consencuencias que arrastra la pandemia.