"La UE no sabe lo que pasa con el contrabando en Gibraltar", según el PP

El informe de la Comisión Europea en el que sostenía que las medidas adoptadas por España en la frontera eran "desproporcionadas" provocó ayer la reacción de populares, Junta de Andalucía y la oposición gibraltareña. Para los primeros, la decisión, además de no ser vinculante, responde a un desconocimiento por parte de las autoridades europeas del problema real del contrabando, la justificación que se ha dado desde el Ejecutivo para el refuerzo de los controles; desde la Junta, se piden métodos para agilizar las entradas y salidas del Peñón; por último el GSD muestra su "satisfacción" por el contenido de las recomendaciones dictadas por instancias europeas.

El diputado y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, considera que la Comisión "simplemente ha estimado llevar a cabo unas recomendaciones basadas en algunos testimonios de colectivos que no están tratando la situación de forma objetiva. Lo que está sucediendo en torno a la situación de La Verja no es más que una gran campaña por parte del Gobierno de Gibraltar en Bruselas para lograr informes como el de ahora". En este sentido explica que en Gibraltar "se están gastando miles de libras en dar promoción a las verdades de Gibraltar" y lamenta que la UE "parece no tener mucha idea de lo que está sucediendo en la zona con el contrabando". También ha apuntando a "cierta ilógica" por parte del Reino Unido, país aliado y socio de España, pero que "no ve la importancia y necesidad de estos controles que están frenando el contrabando de tabaco". Landaluce asegura que "Gibraltar está constantemente agrediendo a los intereses españoles", y sostiene que las declaraciones del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, "hacen daño a España y parece que estamos actuando con mala fe, cuando la realidad es que cumplimos con nuestras obligaciones".

Por su parte, el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, interpreta que la CE "da la razón" a la postura que ha mantenido la Junta en este asunto. Por este motivo, el Gobierno andaluz exige que se tomen "las medidas necesarias para flexibilizar y paliar esa situación" en La Verja, que es "lo que corresponde ahora". Jiménez Barrios ha recordado que la Junta de Andalucía "siempre" ha rechazado que "sean los trabajadores los que paguen las consecuencias del conflicto entre España y Gibraltar. Dijimos por activa y por pasiva que había que buscar métodos y maneras para facilitar y flexibilizar entrada y salida del Peñón, porque hay casi 7.000 trabajadores que diariamente atraviesan la frontera y no es lógico, y menos en verano con las temperaturas que se dan, que haya tres, cuatro o cinco horas de cola".

Asimismo, señala que se hacen "recomendaciones" en la declaración de la CE que requieren de una inversión para facilitar el tránsito en La Verja, "una inversión que ya anunció el Gobierno pero que debe ser agilizada para que se pongan en marcha esas medidas". El consejero de Presidencia ha recalcado que es "importante" atajar la situación de las colas en el paso fronterizo para "no seguir dañando la economía del Campo de Gibraltar, y especialmente la de La Línea", ya que "los estudios y análisis económicos demuestran que se está produciendo un enorme daño a la economía de una zona necesitada de lo contrario: de actividades e implementación económica para sacarla de la situación de desempleo que sufre".

Por último, el líder interino de la oposición gibraltareña, Damon Bossino, mostró su satisfacción por el informe de la Comisión, aunque animó a Picardo a publicar el contenido de la carta que le fue remitida y declarar "lo que se ha avanzado en los procedimientos de infracción que se proponían adoptar por los retrasos experimentados en la frontera por parte de las autoridades españolas".