Las tres mujeres que esta semana han sido juzgadas por un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz acusadas de allanar la casa de una costurera de El Puerto para llevarse un vestido de comunión propiedad de una de ellas han quedado absueltas.

El tribunal popular ha dado por buena la versión que las procesadas ofrecieron durante la celebración de la vista oral, cuando manifestaron que accedieron a la vivienda de la modista con el consentimiento del hijo de ésta, el único morador del domicilio en el momento de los hechos.

Del mismo modo, el jurado no ha considerado acreditado que una de las encausadas agarrase por el cuello al hijo de la costurera para arrebatarle el vestido de comunión objeto de la polémica.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la modista pedían para las tres procesadas dos años de prisión y multa de 4.800 euros como responsables de un delito de allanamiento de morada y de un delito de realización arbitraria del propio derecho.

Las acusaciones solicitaron además 600 euros de multa para la mujer acusada de agarrar del cuello al morador del inmueble como autora de un delito leve de lesiones.

Una vez conocido el veredicto del jurado, el presidente del tribunal popular dictará sentencia.

El jurado, nunca exento de polémica

La polémica en torno a la Ley del Jurado surge desde que el Tribunal Supremo cambia de criterio en el acuerdo de pleno de 9 de marzo de 2017 y establece que cuando una causa se sigue por varios delitos, unos competencia del jurado y otros no, el jurado ‘absorbe’ a los demás y la vista debe celebrarse con un tribunal popular. 

“Eso nos lleva a disfunciones”, aseguran personas del ámbito jurídico a este medio. “Se juzgan con jurado delitos que el jurado no debe juzgar, como los delitos contra la libertad sexual, en los que la víctima se ve revictimizada doblemente por tener que declarar ante once personas (los nueve miembros del tribunal popular más los dos sustitutos) y porque acusaciones y defensas hacen interrogatorios más exhaustivos para que el jurado, que no es experto en estas cuestiones, comprenda el planteamiento de las partes”.

Por otro lado, las mismas fuentes apuntan que se están juzgando por jurado delitos “de escasa gravedad”, como el del traje de comunión, “con el consiguiente derroche de medios materiales y de tiempo que un tribunal popular exige”.

“La solución sería una reforma de la ley del jurado que saque determinados delitos de su competencia, como el allanamiento de morada, que siempre suele ser un delito medial que concurre con otros, pues el que entra a la casa de una persona sin su consentimiento suele ser para cometer una actividad delictiva”, proponen las fuentes jurídicas consultadas, que plantean también otras alternativas, como que “se restablezca, al menos, lo que decía la jurisprudencia anterior al pleno de 2017, esto es, que en caso de concurrir varios delitos, sólo se celebre el jurado si el delito principal es de su competencia”.

Según las citadas fuentes, “una solución mucho menos técnica pero que se lleva a cabo en otras Fiscalías consiste en dividir la causa: una pieza para el delito del jurado y otra para el resto. O incluso buscar una figura delictiva homogénea para no acusar por delitos competencia del jurado, por ejemplo, coacciones en lugar de allanamiento”.

El juicio

La primera en declarar fue la propietaria del vestido de comunión. La mujer explicó ante el tribunal popular que adquirió la prenda en una tienda especializada en moda infantil de San Fernando, un negocio cuya gerente estaba asociada con la costurera de El Puerto para que ésta se encargase de los arreglos. "Había conflicto entre las socias, de hecho, estaban tramitando la disolución de su sociedad y nosotras hemos sufrido los efectos colaterales de sus disputas", dijo.

La propietaria del traje de comunión manifestó que el 27 de abril de 2017, hace ya casi siete años, acudió al comercio de San Fernando junto a su madre y su hermana para recoger el vestido de su hija pocos días antes de que celebrase su comunión. La gerente del comercio le indicó que el traje no estaba en el local, sino en el domicilio de la costurera. "Yo desconocía la ubicación de esa vivienda, si bien el marido de la dueña de la tienda se ofreció a llevarnos en su coche desde San Fernando hasta El Puerto para recuperar la prenda", afirmó.

Una vez que las tres acusadas llegaron al domicilio portuense, llamaron al timbre, se identificaron y les abrió la puerta el hijo de la costurera. "El chico me dijo: mi madre no está, pero entra. En ningún momento me negó el acceso ni mantuvimos una conversación violenta. Desde el recibidor, vi el traje de comunión colgado en el salón y metido en una funda con un pequeño cartel identificador con el nombre de hija, así que lo cogí mientras que mi hermana y mi madre esperaban en el descansillo, ni siquiera accedieron al inmueble", testificó la acusada.

Según la versión de los hechos de la procesada, en ese momento el joven le refirió que iba a llamar por teléfono a su madre, a lo que ella le contestó: "Dile a tu madre que me lo llevo". Además, le recalcó que no hacía falta que la llamase "porque su socia ya la había avisado mediante un mensaje de WhatsApp de que ella iba a recoger el vestido".

Por último, la procesada relató que cuando su madre, su hermana y ella se montaron de nuevo en el coche ya con el vestido en su poder vieron al hijo de la modista tomar fotografías con su móvil tanto de la matrícula como del propio vehículo. 

Una vez que declararon las tres acusadas, testificaron tanto la costurera como el hijo de ella. La modista afirmó que el día que sucedieron los hechos ella no se encontraba en su casa y aclaró que no recibió ningún mensaje ni de su socia ni de las procesadas informándola de que iban a ir a recoger la prenda que tenía pendiente de arreglar. "Yo pensaba entregar el vestido en la tienda de San Fernando, sin embargo, sobre las nueve de la noche de ese 27 de abril aparecieron estas tres mujeres en mi domicilio para llevarse el traje a la fuerza. Sobre esa misma hora aproximadamente recibí un mensaje de mi socia advirtiéndome de que me iba a denunciar por el robo de varios vestidos", aseveró. 

"Mi hijo me llamó muy alterado y me contó que tres mujeres se le habían echado encima. Tenía el cuello marcado porque hubo un forcejeo. Él estaba alteradísimo y lo único que pudo hacer fue fotografiar el vehículo en el que huyeron las tres mujeres", explicó la costurera para luego añadir que acudió al hospital con su hijo para obtener un parte de lesiones y presentar luego la denuncia, tal y como le aconsejó la Policía Nacional.

Cuestionada por la defensa, la denunciante admitió que, a la fecha de los hechos, se encontraba en trámites para disolver los negocios con su socia aunque "de forma pacífica". "El cruce de denuncias entre nosotras sucedió con posterioridad, a raíz de lo ocurrido con este traje de comunión".

De otra parte, el hijo de la costurera declaró que el día del supuesto allanamiento llamaron al telefonillo de su casa y la interlocutora no se identificó como una de las acusadas, sino que preguntó por una vecina. A su entender, fue una excusa para que él les abriera la cancela. Una vez en la planta, dijo, tres mujeres llamaron a la puerta de su domicilio y le preguntaron por su madre y por el vestido de comunión objeto de la disputa judicial.

"Pensé que a mi madre se le podría haber olvidado una entrega, por eso les pedí a las mujeres que esperasen un momento en la puerta, pues iba a llamar a mi madre para preguntarle. No obstante, cuando me di la vuelta, las tenía en el salón. Una cogió el vestido, yo lo agarré y le reproché su actitud. Entonces, otra de las mujeres me agarró del cuello y me impidió el paso. Acto seguido se marcharon y lo único que se me ocurrió fue hacer fotos del vehículo en el que huyeron", relató el joven, que aseveró "no dar crédito sobre lo que había pasado". 

En cuanto a las lesiones que sufrió el testigo y que quedaron reflejadas en el parte médico, la defensa de las tres encausadas las puso en entredicho al afirmar que el chico se había caído de la moto apenas dos semanas antes. El hijo de la costurera, por su parte, renunció a una indemnización por daños.