La Audiencia Provincial de Cádiz juzgará la próxima semana a un vecino de Sanlúcar acusado de intentar violar a una mujer en la playa de la Costilla, en Rota, en febrero de 2004. El procesado es J.V.R., detenido en julio de 2009 por otra agresión sexual en una playa que había sufrido una mujer un mes antes. La Policía dijo entonces que creía haber arrestado a un agresor sexual en serie que actuaba por las playas de la zona desde 2001. En realidad, lo hacía desde unos años antes: en 1997 agredió a una mujer en una playa de Chipiona y dos años después fue condenado en la Audiencia por ese intento de violación: el tribunal le impuso dos años de prisión y cinco años de asistencia a un programa de orientación sexual. Si lo llegó a hacer, es evidente que no dio resultado.

Por el asunto que lleva de nuevo al banquillo a J.V., el fiscal solicita la aplicación de una eximente debido a un problema mental. Explica en su escrito que el procesado padece un trastorno obsesivo compulsivo que anula su capacidad para entender y decidir. Por eso pide el fiscal que J.V. sea internado en un centro psiquiátrico, para ser curado, durante un máximo de cinco años, 11 meses y 29 días.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenó a J.V. en 1999 ya indicaba que el procesado tenía un problema importante. La resolución explicaba que el hombre padecía un trastorno que inundaba su pensamiento de ideas obsesivas de contenido sexual y que era incapaz de contenerse. Esa alteración psíquica, anotaba la sentencia, le hacía sentir la urgente necesidad de pasar a la acción de forma compulsiva para liberarse de la tensión y el malestar a los que se encontraba sometido.

Para atemperar ese impulso irrefrenable que ponía en peligro a cualquier mujer que se ponía por delante del procesado, el tribunal optó por imponerle una medida especial: que se sometiese durante cinco años a un programa educativo que le educase sexualmente.

La sentencia también condenó a J.V. a dos años de prisión. Pero con esa pena, es probable que solicitase y obtuviese una suspensión de condena y no tuviese que pisar la cárcel.

El caso es que el condenado a educarse sexualmente estaba de nuevo una playa de Rota el 17 de febrero de 2004, cuando, según el fiscal, se aproximó a una mujer que se encontraba tumbada en la arena, una estadounidense, y le sujetó los brazos e intentó quitarle el pantalón corto que vestía.

La mujer a la que J.V. agredió en 1997 era alemana. La Policía explicó el año pasado, cuando detuvo al procesado, que éste era sospechoso de ser el autor de varias agresiones sexuales sufridas por mujeres que en su mayoría eran extranjeras. Las agresiones contabilizadas por la Policía se remontaban hasta 2001 y eran coincidentes: las perpetraba un varón que iba en bañador y que se tapaba la cara con un pasamontañas.

La mujer agredida un mes antes de la detención contó que esa vez, el hombre al que la Policía buscaba desde hacía mucho tiempo había actuado a cara descubierta en la playa de Piedras Gordas. Además de saber que el agresor en serie aparentaba más de 50 años de edad, era alto y tenía mucho vello por todo el cuerpo, los agentes disponían ya de un retrato robot. Así dieron con J.V., el hombre que diez años antes fue condenado a recibir clases de orientación sexual. Tal parece que tendrá que repetir curso: en el caso que será juzgado la próxima semana en la Audiencia, además de pedir su ingreso en un centro penitenciario psiquiátrico, el fiscal solicita que J.V. se someta a un programa de educación sexual.