FENAPA reclama la suspensión del plan andaluz contra el alga asiática por excluir al sector pesquero artesanal
Denuncia que ha sido tramitado mediante resolución, prescindiendo del procedimiento administrativo habitual y excluyendo a la Dirección General de Pesca
La pesadilla de los mares de Cádiz cumple diez años

La Federación Nacional de Pesca Artesanal (FENAPA) ha solicitado formalmente la suspensión cautelar del Plan de Gestión del alga invasora aprobado el pasado 23 de julio por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La entidad denuncia que la norma ha sido redactada sin participación ni consulta previa al sector pesquero artesanal, principal afectado por la proliferación de esta especie invasora en el litoral andaluz.
En un escrito dirigido a las autoridades competentes, entre ellas la Secretaría General de Pesca del Gobierno de España, la Consejería de Medio Ambiente andaluza y varios organismos científicos, FENAPA exige la creación de una mesa de trabajo urgente que incluya a representantes del sector y a la comunidad científica, con el objetivo de redactar un nuevo plan consensuado.
La federación solicita además la autorización de alternativas de pesca para las embarcaciones afectadas —desde Huelva hasta Almería— y propone incluir como recurso biológico el aprovechamiento de la propia alga, amparado por la Ley de Pesca 5/2023. También pide que se retomen estudios sobre la explotación de bivalvos como la Venus nux y se concedan permisos para especies como atún rojo y pez espada, en función del daño causado por la alga asiática.
Según FENAPA, el plan aprobado por la Junta ha sido tramitado mediante resolución, prescindiendo del procedimiento administrativo habitual y excluyendo a la Dirección General de Pesca, al sector artesanal y a la Universidad de Málaga, con la que la federación mantiene un convenio de colaboración. Acusan al Ejecutivo andaluz de dejación de funciones y advierten de posibles responsabilidades patrimoniales por los perjuicios acumulados en los últimos diez años.
“Se está atropellando al sector pesquero”, dijo ayer a este diario Carmen Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Pesca Artesnal (FENAPA) al valorar las últimas decisiones de la Consejeria de Pesca que, considera, chocan de frente con las necesidades de una flota que navega hacia la ruina más espantosa por culpa de factores como la proliferación del alga asiática o el auge de la denominada economía azul. Según Díaz, “están pasando cosas muy gordas, cosas que rayan en la prevaricación por parte de algunos de algunos dirigentes que no vamos a consentir. Hemos solicitado ya una reunión urgente con el director general de Pesca porque están intentando cargarse a la flota artesanal, al sector pesquero andaluz, y no lo vamos a consentir”.
Desde Fenapa llegan a poner en duda la versión de la llegada del alga asiática a las costas andaluces a través del agua de lastre de mercantes provenientes de Asia. “Están utilizando el sector pesquero para hacer política. Nos están limitando los caladeros, no hay ayudas para los pescadores, que van a faenar y lo único que sacan en sus redes son algas y algas, millones de algas. Está todo meditado. Se favorece la economía azul y se daña al marisqueo, a la flota artesanal. No sé a qué están jugando pero no vamos a quedarnos quietos”, asegura la presidenta.
Pone como ejemplo la nueva normativa que se han sacado de la manga para poder capturar chirla de menor tamaño. “Eso no se puede hacer porque va en contra de una normativa superior. Es como si desde Andalucía se quisiera enmendar la Constitución. No tiene sentido. No sé cómo contratan a asesores con títulos si después estos no son capaces de asesorar a sus jefes. Hay cosas que rayan la prevaricación. Vamos a pedir responsabilidades judiciales porque están tomando decisiones que van contra el sector primario camufladas de otro tipo de cosas. No nos pueden engañar tan fácilmente. Pertenezco a la cuarta generación de pescadores y sé un poco de legislación como para tragarme sus maniobras”, dijo Díaz.
Para finalizar anunció que están dispuestos a llevar sus reclamaciones contra la Junta de Andalucía al TSJA.
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