Rubén V.R., el joven de 17 años detenido como supuesto autor del crimen de Arriate, se enfrenta a la medida más severa que prevé la legislación para un menor: ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada. Es la petición que hace la Fiscalía de Menores por el asesinato de María Esther Jiménez, la niña de 13 años que desapareció el 19 de enero pasado y cuyo cadáver fue hallado un día más tarde dentro de la caseta de una piscina, en las afueras del pueblo.

El juicio se inicia mañana en el Juzgado de Menores número 1 de Málaga y previsiblemente continuará el jueves y el viernes.

Rubén está detenido desde el 3 de febrero pasado como supuesto autor del crimen y desde el día 4 de ese mes permanece privado de libertad en un centro de internamiento. Justamente el próximo viernes se cumplen nueve meses de reclusión, el plazo máximo previsto por la ley. Su ADN fue hallado en la piedra de casi cuatro kilos con la que supuestamente fue asesinada, en el tirador de la puerta de la caseta y en la ropa de María Esther.

La acusación particular, en representación de la familia, también reclama ocho años de internamiento como la Fiscalía. Su defensa, la absolución, para lo que ha citado a más de 30 testigos con los que pretende demostrar que la caseta era un lugar que frecuentaban los adolescentes del pueblo.

Rubén ha comparecido dos veces ya ante la Fiscalía de Menores. En la primera ocasión se negó a declarar. La segunda vez, a principios de junio, se declaró inocente e incluso expresó su malestar por el trato que recibió cuando fue detenido.

María Esther fue vista por última vez con vida el 19 de enero. Al día siguiente sus padres denunciaron su desaparición y de inmediato la Guardia Civil inició su búsqueda. El dispositivo incluyó batidas por los cortijos y los alrededores de Arriate. A última hora de la tarde del 20 de enero, un bombero encontró su cadáver en la caseta de la depuradora de la piscina.

Según la investigación, Rubén y María Esther habrían acordado encontrarse en ese lugar. Sin embargo, una vez allí se habría producido entre ellos un forcejeo que hizo que la niña cayera al suelo. Fue entonces cuando, presuntamente el menor cogió la piedra y golpeó a la menor en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte.

Ayer, unos 500 vecinos de la localidad participaron en una concentración en la plaza central de Arriate para pedir justicia. Esa era precisamente la reivindicación que podía leerse en los globos blancos que portaban los manifestantes. Entre los asistentes, estaban los padres de María Esther, María del Carmen Villegas y Juan Isidoro Jiménez.

Ninguno de los dos conoce al menor imputado por la muerte de su hija. Ayer, la madre, en declaraciones a este diario, apuntaba: "Queremos saber quién es, ponerle cara al asesino, porque no lo conocemos, no quiero encontrarme algún día en la calle con él y no saber quién es".

Ambos se mostraron satisfechos con los ocho años de internamiento que solicita la Fiscalía de Menores para el acusado porque es la pena máxima, aunque reiteraron su desacuerdo con la Ley del Menor y reclamaron que esta norma se modifique y se endurezca. "Los condenados por delitos de sangre deben cumplir íntegramente la pena impuesta por el juez", expuso el padre.

María del Carmen y Juan Isidoro han recogido ya 60.000 firmas para que se produzca ese cambio legal, pero ayer confesaron que han desistido porque necesitan reunir 500.000. Debido a las escasas posibilidades económicas de la familia sólo pueden recoger firmas en congregaciones de público de las provincias de Cádiz y Málaga.

Los padres de María Esther permanecerán en Málaga y asistirán a la vista durante los tres días. Tras la muerte de la niña, la familia fijó su residencia en la localidad gaditana de Paterna, de donde son naturales, aunque en algunas ocasiones han vuelto a la localidad de Arriate con alguna oferta de empleo, que en la actualidad no poseen.