Este lunes comenzó en la Audiencia Provincial de Cádiz  el juicio a un oficial jefe de un Registro de la Propiedad de El Puerto acusado de llevarse más de 429.000 euros en efectivo de la institución pública donde trabajaba, unos desvíos de caudales que, según la versión de la Fiscalía, se prolongaron durante siete años, desde 2010 hasta 2017. El fiscal procesa al que fue jefe de la oficina por un delito de apropiación indebida en el que concurre la agravante de abuso de confianza y pide para él la pena de siete años de cárcel y el pago de la cantidad total supuestamente defraudada, exactamente, 429.944,03 euros.

En la sesión celebrada este lunes, el encausado declaró ante el tribunal de la Sección Cuarta -encargado de juzgar el caso- que desempeñaba funciones de “oficial sustituto” en un Registro de la Propiedad de El Puerto, lo que implicaba ser el superior jerárquico del resto de trabajadores, así como el responsable de la organización, control económico y llevanza diaria de la oficina. 

El procesado explicó que entre sus funciones estaba la de comprobar que los gastos y los ingresos de la oficina cuadrasen. "Sabía qué se había pagado y cómo en cada jornada, pues quedaba constancia de ello en el sistema informático", detalló.

A preguntas del fiscal, el oficial manifestó que para llevar el control de la tesorería y garantizar que lo pagado en el mostrador de la oficina se correspondía con las anotaciones del sistema informático, se hacía un arqueo diario de los ingresos, así como de las posibles salidas de dinero para hacer frente a determinados pagos. De esta forma, los trabajadores sacaban del programa informático un listado con los ingresos que figuraban en dicho programa y las posibles salidas de dinero; apuntaban el total y lo metían todo (listado del ordenador, dinero en efectivo, talones y recibo del terminal TPV) en un sobre. Una vez el sobre en su poder, el oficial dijo que lo metía en una caja que se encontraba en su despacho y que después -una vez por semana aproximadamente- enviaba a un empleado al banco para que realizase el ingreso.

"Cualquiera podía entrar en mi despacho y acceder a la caja de caudales, no tenía cerradura", descargó el acusado contra el resto de sus compañeros a la fecha de los hechos. "Jamás me he apropiado de ninguna cantidad en efectivo, no me he llevado ni un euro del dinero del sobre que se ingresaba el banco", sentenció.

Cuestionado entonces por el descuadre contable de la oficina, el acusado habló de posibles desajustes en las provisiones de fondos, otra de las formas por las que se ingresaba dinero en efectivo en el Registro. De hecho, según testificó, él mismo detectó que faltaba dinero en noviembre de 2017 y así se lo hizo saber al registrador poco antes de su marcha para ocupar un nuevo destino. 

Sobre si borró del sistema informático el pago en efectivo de diversas provisiones de fondos para tratar de ocultar o disminuir en parte la cuantía total del dinero que supuestamente se había agenciado, el procesado negó tales hechos y apostilló que tanto él como el registrador estaban autorizados para gestionar el referido sistema informático. 

Una vez confirmada la falta de dinero en las cuentas del Registro de El Puerto tras un examen exhaustivo, el oficial fue suspendido de inmediato de empleo y sueldo. "Me abrieron un expediente disciplinario, si bien se anuló y pude volver a trabajar", aseveró.

A preguntas de su defensa, el encausado precisó que ha desempeñado su labor como oficial en numerosos registros desde el año 84. Del Registro de El Puerto puntualizó que "no había un control total del efectivo que salía de la oficina" y subrayó que "el registrador también retiraba dinero de la caja de caudales". Por último, habló de los retrasos en los pagos de las nóminas, unas demoras, según señaló, "habituales" por cuanto el registrador esperaba al cobro de determinadas facturas "para no tener que abonarlas de su bolsillo, como estipula el convenio de registradores", concluyó.

El registrador

En la sesión plenaria de este lunes también prestó declaración como testigo el registrador que denunció a su primer oficial por apropiarse de más de 400.000 euros de su oficina de El Puerto. El responsable afirmó que el acusado era el encargado de la tesorería de la entidad y que en los siete años que trabajaron juntos el empleado no le mencionó ningún descuadre financiero.

Asimismo, afirmó que en noviembre de 2017 se percató de "cierta debilidad" en las cuentas corrientes del registro, pues "no había dinero suficiente" para atender determinados gastos, como la liquidación de impuestos del último trimestre, la cuotas corporativas... "gastos todos que he pagado de mi bolsillo", concretó el registrador.

"El oficial se fue y no dio explicaciones", continuó su relato el testigo. "En investigaciones posteriores pudimos saber que había dos cajas de caudales, no una. En cualquier caso, yo no tenía acceso a ellas, ni yo ni ningún empleado, sólo el oficial, que era el que tenía la llave", describió.

El registrado explicó además que contrató un seguro para estar cubierto en caso de deslealtad de un empleado, sin embargo, aseguró ante el tribunal que no ha percibido aún cantidad alguna porque la póliza le exige una sentencia condenatoria firme o bien el despido del trabajador en cuestión. Interrogado entonces sobre el motivo por el que se archivó el expediente disciplinario al oficial, dijo desconocer el porqué.

A modo de conclusión, el registrador indicó que sólo el oficial podía acceder a los módulos de contabilidad del sistema -en contra de la versión de este último- y declaró que, nada más destaparse el pufo, el acusado le dijo que había "pajaritos" en el Registro de El Puerto. "Con el tiempo supe que era un hombre ambicioso que no atravesaba por  un buen momento económico", finalizó.