Diciembre de 2006. El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad una proposición no de ley por la que se establecía adoptar las medidas pertinentes para dar cobertura sanitaria, social y jurídica a los trabajadores y ex-trabajadores de los astilleros de la Bahía de Cádiz que hubieran estado expuestos al amianto. Se aprobaba además la realización de un estudio entre los empleados que pudiesen haber entrado en contacto con este material, pudiendo establecerse los sistemas de control de las posibles enfermedades -casi todas del tracto respiratorio- derivadas de esta exposición.

Pero es más, en esta proposición no de ley se ponía el acento en el cumplimiento de un protocolo nacional específico de vigilancia que se remonta a principios de los 80, un protocolo que fue actualizado en una orden ministerial de julio de 1993 por la que se insta a la administración responsable de la sanidad -en este caso, la Junta de Andalucía- a la elaboración de un registro con los trabajadores prejubilados y jubilados que mantuvieron contacto con este material, así como su correspondiente vigilancia sanitaria -la de los trabajadores en activo corresponde a la empresa, Navantia, que de hecho, lo hace-. Esta vigilancia, además, quedaba reforzada con la aprobación de otro documento, un programa nacional el 29 de enero de 2003.

Así las cosas, tras la proposición no de ley en Andalucía y la orden ministerial del Estado, la situación es la siguiente en la provincia de Cádiz y en consecuencia en los tres astilleros de la Bahía. Desde 2003 existe, efectivamente, una unidad de referencia del amianto en el centro de especialidades Vargas Ponce en Cádiz. Y desde junio del año pasado el SAS tiene además el registro de trabajadores jubilados y prejubilados que, entre 1960 y 1982 -periodo en el que el amianto se usó en los tres centros hasta que fue prohibido-, estuvieron en contacto con el mismo. Es la administración sanitaria la que tiene que garantizar esta revisión a estos trabajadores ya retirados.

La cifra de estos operarios de plantilla ya no en activo alcanza los 10.000. Si a ésos se suman los que aún continúan trabajando -algo menos de 500- el resultado da el cómputo total de la plantilla fija que estuvo en contacto con este mineral en ese periodo de tiempo.

Pero este registro, que según la normativa vigente, debía haber elaborado el propio SAS hace ya años, ha sido impulsado sin embargo por el sindicato Comisiones Obreras en colaboración con la propia empresa, Navantia. Este documento consta del nombre y el apellido de cada uno de estos 10.000 empleados, su DNI y número de la seguridad social. Un documento que este sindicato ha entregado a la administración andaluza a la que reclama que, una vez hecha esta tarea -que no le correspondía a ellos - las revisiones se pongan por fin en marcha. Así, la unidad de referencia en Vargas Ponce debería ya, con estos datos, haber empezado a localizar a los ex operarios y haberles enviado una carta por la que recibir una cita para iniciar el pertinente control. El mismo control que sí recibe ese medio millar de empleados que siguen actualmente en plantilla.

Pero ojo, y esto es un detalle importantísimo, las reclamaciones de este sindicato se centran, no sólo en salvaguardar el futuro de esta plantilla fija -que aún está pendiente- sino en que el de la plantilla auxiliar sea también tenido en cuenta. El problema es que no existe un listado de los empleados de este sector durante la década de los 60, 70 y 80. Una forma de conseguirlo, quizá la única, sea a través de la administración pública. Ella es la que tiene acceso a las empresas auxiliares que trabajaron para las tres factorías y a su listado de trabajadores. Pero hasta ahora no hay datos concretos, aunque sí estimaciones que realiza el propio sindicato y que tienen una horquilla amplísima que se encuentra entre los 5.000 y los 10.000 operarios. Ellos, como el resto, también estuvieron en contacto con este material, utilizado como aislante en el interior de los buques.

5.000