Provincia de Cádiz

Se pospone cinco meses el juicio por el derribo en la Casa de las Cadenas

  • Un defecto de forma, al no haber sido citada la empresa constructora, produce el aplazamiento de la causa penal contra la cúpula de Urbanismo del gobierno de IP

El juicio por la demolición de la parte posterior de la histórica Casa de las Cadenas de El Puerto se ha pospuesto hasta febrero de 2013. La vista oral en el Juzgado de lo Penal de Cádiz, en la que están encausados los dirigentes de Urbanismo en El Puerto durante los años de gobierno de IP, además de los responsables de la empresa constructora Rufino Naves, ha quedado aplazada para los días 11, 12 y 13 de dicho mes, es decir casi cinco meses. Los hechos que se juzgan son la demolición en el verano de 2004 de la parte posterior del Palacio de Vizarrón, un edificio protegido con la máxima catalogación en el PGOU, cuyo derribo fue ordenado por sendos decretos municipales del ex alcalde Hernán Díaz Cortés y su ex concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, alegando 'ruina inminente', contando con un informe favorable del arquitecto municipal y jefe de Licencias Urbanísticas, Fernando Jiménez Fornell, lo que ejecutó la empresa propietaria del histórico inmueble. La Fiscalía pide para los antaño máximos responsables de Urbanismo una pena de 9 años de inhabilitación para cada uno por los delitos de prevaricación y desobediencia, por haber ordenado derribar el inmueble sin autorización de la Delegación Provincial de Cultura y por no haber paralizado la demolición cuando se les instó a ello, mientras para los representantes de la constructora solicita dos años de prisión por presunto delito contra el patrimonio histórico. Ya en 2010 hubo un fallo del Tribunal Supremo confirmando sendas multas por vía administrativa de 150.000 euros al Ayuntamiento de El Puerto y la constructora.

El exterior de la sala de vistas del Juzgado de lo Penal ofrecía ayer el ambiente de un macrojuicio, que no llegó a celebrarse. Acudieron todos los implicados: los acusados Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez, Jiménez Fornell, Rufino Naves, Juan Naves y Francisco Giles; ocho testigos de la defensa y la acusación particular, ejercida por Izquierda Unida, representada por la concejala Pepa Conde, además de los tres letrados de la defensa, Porfirio Rodríguez, Felipe Meléndez y Juan Bosco Rodríguez. El juicio debía comenzar a las diez de la mañana, hora en la que se inició una reunión a puerta cerrada entre los abogados, la fiscalía y el magistrado que lleva la causa. La reunión duró dos horas y posteriormente fueron llamados al interior de la sala los seis acusados, a quienes tras leerles los cargos el magistrado informó del aplazamiento del juicio. La causa de ello se encuentra según el abogado Juan Bosco en un defecto de forma, al no haber sido citada para concurrir al juicio la Sociedad Rufino Naves como entidad jurídica, (diferente de las personas físicas), con posible responsabilidad patrimonial, ya que se le pide el pago de dos multas de 9.720 euros.

Además, según la misma fuente, no ha sido trasladado a los acusados un informe de la Dirección General de Bienes Culturales en el que se valora la parte demolida del antiguo palacio.

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