"Me declaro insumiso. Me ofrezco a tratar gratuitamente a cualquier paciente rechazado por la sanidad pública por no estar regularizado. He hecho un juramento por el que atiendo a personas, no a asegurados". Quien habla con esta vehemencia es un inmigrante y una institución en la sanidad pública de la provincia, Eddy Jean Paul, de Haití, que durante 35 años ha trabajado como médico en la planta de Hematología del Hospital de Jerez. Es uno de tantos médicos horrorizado con uno de los recortes programados dentro del goteante paquete de medidas de ahorro del Ejecutivo: desproteger la salud de los 'sin papeles'.

La medida afecta a muchos y ahorra poco, según los datos aportados a este medio por el SAS, donde se baraja hacer oídos sordos al Gobierno. Ceain Jerez y Acoge Algeciras, las dos principales organizaciones que asesoran a inmigrantes en nuestra provincia, han realizado cálculos ciñéndose al número de personas atendidas en sus centros. Según estos datos, seguro que inexactos porque no se pueden hacer censos de una población no regulada, a partir de septiembre serán unos 2.500 inmigrantes los que quedarán desprotegidos."A estos habría que sumar los que no utilizan nuestros servicios más los que perderán su tarjeta sanitaria al no encontrar trabajo por la crisis", matiza Francisco Morales, de Ceain.

Esos 2.500, por decir un número, casi coinciden con las tarjetas sanitarias provisionales emitidas en la provincia por el SAS el año pasado, 2.237, un 4% del total de los pacientes potenciales, pero que sólo suponen el 0,6% de la atención primaria. Conclusión: los inmigrantes van poco al médico. "Las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. Los inmigrantes suponen un 0,27% de las visitas médicas y de enfermería a domicilio y un 0,91% de las urgencias. En Atención Hospitalaria supusieron en 2008 en la provincia una cifra que no llega al 1%. El coste de esta asistencia sobre el global en la provincia de Cádiz fue en 2011 de un 2,3%", afirman con los datos en la mano desde la delegación provincial de Salud.

A la indignación de las ONG's y del propio SAS por lo que se considera una medida "injusta e innecesaria", se suman los propios médicos. Miguel Morgado, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, advierte de que "nuestro código deontológico, en su artículo 5, establece que el médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación. También señala que la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia".

Que el Gobierno haya aplicado un recorte que contradice el juramento hipocrático supone un problema de conciencia para muchos profesionales. El psiquiatra catalán Luis Salvador Carulla, que trabaja desde hace años en Jerez en estudios de gestión sanitaria, los mismos que lleva alertando del riesgo de quiebra del sistema, reconoce que "se trata de un dilema moral y nadie que piense en profundidad querría estar en la piel de quien tiene que tomar decisiones morales. El dilema básico se da entre dos supuestos: a) dar atención a quien la necesita cualquiera que sea su condicion y b) los recursos son limitados lo que determina una necesidad de restringir la asignación de los mismos. Este dilema moral no se ha planteado en España. El ciudadano se siente mejor cuando piensa que somos un país solidario, y el político en España no ha tenido entre sus ocupaciones la buena gestión de los recursos publicos".

En ese sentido, el Colegio Oficial de Cádiz reclama "no hacer recaer siempre en el profesional la responsabilidad de esta decisión ni que tenga que decidir acerca de una situación que no ha provocado. De ser así, se le expone a una permanente inseguridad jurídica por el hecho de ejercer su profesión".

Desde Madrid y a través de las redes sociales está creciendo un movimiento de objetores que reclaman la insumisión a la norma. Eddy Jean Paul, ya jubilado, pero con contacto permanente con sus ex compañeros, da voz a sus colegas afirmando que "no somos policías. Si un inmigrante no regularizado llega a Urgencias con un infarto, ¿qué hago? ¿Le doy una pastilla y le mando a su casa para que se muera allí?" Desde su trabajo en Hematología ha visto cómo la leucemia ha dejado de ser una condena a muerte, ha trasplantado médulas, ha salvado vidas, algunas de ellas de 'sin papeles', pero, insiste, para su profesión de médico ese concepto, 'sin papeles', es irrelevante. Es más, "inexistente". "La leucemia no se trata en urgencias, es lo único que sé y yo soy un médico, no un burócrata", concluye.

Para los técnicos del SAS consultados, el Gobierno ha extrapolado una situación concreta, la de la Costa del Sol y su turismo sanitario, a todo lo demás, convirtiendo en víctimas colaterales a los extranjeros no regularizados. Lo que podría entenderse como turismo sanitario, que se calcula a través del Fiss-web (Facturación Internacional del Sistema Sanitario) supuso en 2011 en la provincia de Cádiz un total 4.876.713 de euros correspondientes a 8.547 actos médicos, una cifra poco significativa si la comparamos con los 48.331 de la provincia de Málaga. En el Hospital Regional de Málaga, la mayoría de los pacientes extranjeros atendidos proceden del área Schengen de la UE. Desde 2006 se recibe una compensación por ello, aunque insuficiente. Andalucía recibió en 2011, en este concepto, 88,9 millones de euros. Pero está claro que los inmigrantes sin recursos no tienen la culpa de lo que hagan los jubilados eruopeos ricos.