Eduardo Gamero Casado ingresó este pasado martes como académico correspondiente en la Real Academia de San Dionisio. Para ello ofreció una conferencia sobre 'El papel de las Administraciones Públicas en el nuevo orden socioeconómico'. 

El profesor Gamero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide y consejero académico de Montero Aramburu Abogados, es autor de una decena de libros y un centenar de artículos de su especialidad. Su presentación estuvo a cargo de Antonio Millán Garrido, académico de número y vicepresidente de Ciencias de la Corporación.

Las Administraciones públicas, y las normas que las regulan (el Derecho administrativo) están al servicio de la sociedad, abocadas a la satisfacción del interés general. "Esto exige la continua transformación de los medios de actuación pública, para adaptase a las necesidades sociales y económicas de cada momento histórico. Requiere un permanente estado de alerta, anticipándose incluso a las necesidades, para que la Administración pública sea palanca y motor del cambio, en lugar de un lastre que frene el desarrollo y frustre las expectativas sociales", apuntó Gamero. 

A lo largo de la Historia se observan sucesivas etapas en el papel que desempeñan las Administraciones públicas y el Derecho administrativo como exponentes de ese proceso de transformación, adaptándose a cada contexto histórico. Ahora, en la tercera década del siglo XXI, se ha superado la suspicacia mutua que venía dándose entre la Administración y el mercado y ya no actúan como enemigos, sino como aliados, convencidos como están de necesitarse mutuamente: la coordinación de sus actividades, orientadas hacia objetivos comunes, redunda en beneficio de todos, creando empleo y desarrollo, mejorando la recaudación fiscal, ofreciendo mejores productos y servicios…

"La Administración hoy -añadió- no se limita a controlar el mercado, sino que se implica en el dinamismo económico. Si debiéramos ponerle una etiqueta, podríamos hablar de la Administración facilitadora. Pondremos de manifiesto los indicadores que nos muestran hasta qué punto es así: la simplificación administrativa, las unidades de apoyo a proyectos estratégicos, las fórmulas de colaboración público-privada, la compra pública innovadora…". 

También debemos aludir a las tecnologías de la información y la comunicación, que pese a mejorar la prestación de servicios públicos, también está suponiendo un grave menoscabo de los derechos de la ciudadanía: imponiendo el canal electrónico a personas afectadas por la brecha digital, regulando la tramitación de los procedimientos de manera discriminatoria respecto de quienes pueden relacionarse de manera presencial.

"Cuando aun no hemos culminado una primera etapa en este proceso tecnológico (la generalización de la administración electrónica con plenitud de garantías jurídicas), las Administraciones públicas se enfrentan a nuevos y enormes desafíos. Así, la implantación de tecnologías disruptivas (como la inteligencia artificial o las criptomonedas), el teletrabajo y la robotización de decisiones, o la ciberseguridad, constituyen hoy en día grandes cuestiones a las que deben hacer frente las Administraciones públicas y el Derecho administrativo", concluyó.