Los incidentes de la procesión del Rosario en 1910

Jerez siempre había sido un pueblo creyente y habían salido muchas procesiones que habían gozado del respeto de los indiferentes o de los incrédulos. Nunca nadie había molestado su desfile. Así abrió el diario El Guadalete su protesta por los hechos acaecidos en la procesión del domingo 9 de octubre de 1910 con motivo de la festividad de la Virgen del Rosario. No era, según habían anunciado algunos, una manifestación contra el Gobierno de Canalejas, que era, para el sector conservador y ultracatólico, el más irreligioso de los habidos en España desde 1873. Los esfuerzos del prior dominico por despojar a la procesión de cualquier connotación política fueron infructuosos. El prelado, el padre Gerard, con buen sentido, alegó que nunca sacarían imágenes consagradas para realizar una protesta política, pues en la religión que profesaban cabían todos los partidos, desde el republicano hasta el absolutista. Pero habían recibido una confidencia en la que se anunciaba que se trataba de boicotear la procesión, aunque puesto al habla con el alcalde, este le aseguró que no ocurriría nada a pesar de que el día anterior el Diario de Jerez avisó que la procesión salía como acto de protesta contra el Gobierno. El prior estuvo dudando hasta el último momento si suspender el desfile o no. Recomendó a los asistentes que no diesen ningún grito ni manifestasen ningún tipo de hostilidad y sabía que los jefes del partido republicano habían recomendado lo mismo a sus seguidores.

A pesar de ello, hubo una turba de "zagalones" que mostró su rechazo al sacro desfile mediante silbidos y gritos, y lanzaron piedras y pelotas contra las imágenes, los faroles de la comitiva y el alumbrado público. El diario local El Guadalete consideró estos hechos como producto de la incultura y la barbarie. La fuerza pública había pecado de exceso de confianza al no haber desplegado a tiempo sus elementos para contener el boicot anticlerical.

La procesión había salido a las siete y media de la tarde de la Iglesia de Santo Domingo como final de la novena que se había venido celebrando en honor de la Virgen del Rosario. Abría la procesión una escuadra de la Guardia rural y les seguía una larga fila de señoras y señoritas provistas con velas. Las imágenes del Niño Jesús y el Nazareno iban en el centro de la procesión y detrás la Virgen, todas escoltadas por frailes dominicos, franciscanos y guardias municipales. Los caballeros y el jefe de la Guardia municipal con varios agentes iban cerrando el cortejo. Los fieles iban cantando y todo parecía en orden, pero a la mitad de la calle Honda algunos grupos de hombres y muchachos corrían en dirección opuesta al paso de la procesión. Dos monaguillos pasaron llorando. Nadie sabía el origen de la alarma aunque todo parecía indicar que había sido por culpa de un ratero que había intentado robar a una mujer.

Al desembocar de la calle Santa María a la Lancería se oyeron vivas al Papa-Rey y a la República y algunos grupos arrojaron piedras a los que formaban en las filas de la procesión, dando origen a que varias señoras abandonasen la comitiva. Hubo gran alboroto y lanzamiento de objetos, y el comandante de la Guardia rural recibió dos pedradas. Los sacerdotes y frailes se colocaron alrededor de las imágenes y la procesión continuó su itinerario aunque con menos fieles, regresando por la calle Larga en dirección a la iglesia. Las pedradas continuaron rompiendo faroles y farolas. Al pasar delante del Círculo Liberal, se oyó una voz gritando ¡Viva el Papa Rey! ¡Muera la democracia! Los socios se fueron para adentro mientras otro grupo daba gritos a favor de la República y en contra de los clericales. Al final de la calle duque de Almodóvar se recrudeció el enfrentamiento y hubo insultos entre fieles y anticlericales. El coronel médico Enrique Jurado aplacó los ánimos de ambos bandos hasta que la procesión entró en la iglesia. La guardia rural cargó contra los manifestantes sable en mano, logrando dispersar a los que perturbaban el desfile religioso, causando varios heridos. Los anticlericales pidieron la bandera republicana al Círculo de la Juventud Radical y al Centro Instructivo Obrero, pero no se la dieron, con lo cual tiraron piedras a estos edificios.

El alcalde González del Castillo ordenó al comandante de la Guardia civil que saliese a la calle con los números que tuviese disponibles. Pero cuando lo hicieron ya se había recuperado la calma y los revoltosos habían desaparecido. Eran las nueve de la noche.

El caso llega a las Cortes

El diputado por Jerez de la minoría conservadora, Francisco Moreno Zuleta (1880-1963), el conde de los Andes, aprovechó lo sucedido para atacar políticamente al Gobierno del progresista presidente José Canalejas, que era defensor de la libertad de cultos, de la educación laica y de la secularización social, lo que le hizo convertirse en el principal enemigo de la jerarquía católica. Fue el promotor de la conocida como 'Ley del candado' que establecía una moratoria de dos años para el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. Todos ellos, asuntos por los que los sectores católicos y conservadores, con el Vaticano al frente, protestaron con todas sus energías.

Fue precisamente a principios del mes de octubre de 1910 la fecha señalada por las fuerzas reaccionarias para la organización en todo el territorio nacional de cientos de manifestaciones religiosas contra la política religiosa del Gobierno. Tuvieron lugar protestas en casi todas las ciudades y pueblos de España. Cientos de miles de militantes católicos expresaron su malestar contra los proyectos gubernativos que, debido a estas protestas y al asesinato en 1912 del citado Canalejas, nunca verían la luz.

Sería en la sesión celebrada por el Congreso de los Diputados el 15 de octubre cuando el conde de los Andes tomaría la palabra para dirigir al Ministro de la Gobernación una pregunta sobre lo ocurrido en Jerez seis días antes. El político y aristócrata jerezano calificó el hecho de "brutal agresión" a los católicos. Y culpó de la misma a un grupo "de forajidos" que estaban amparados por ciertas personas para cometer desmanes, fueran del tipo y color que fueran. En este caso se lanzaron "como fieras" con insultos soeces y blasfemias contra una procesión tradicional que siempre fue respetada. Y denunció que los 17 detenidos por los incidentes habían sido puestos en libertad poco después. Así que exigía al ministro una explicación detallada de las averiguaciones que se habían realizado para que los culpables pagasen sus delitos, que entendía el diputado eran "un grave ataque a la Constitución". También solicitó explicaciones sobre el comportamiento del médico militar Enrique Jurado que era "conocido en Jerez más por sus instintos avanzados que por sus ideas".

El ministro de la Gobernación, Fernando Merino, defendió en nombre de su compañero el ministro de la Guerra, al doctor Jurado pues fue quien consiguió tranquilizar los ánimos de todos los implicados en el enfrentamiento. Así que no había cometido delito alguno sino que a él debió la ciudad de Jerez el que no ocurrieran sucesos lamentables que pudo evitar él por sus relaciones, por su autoridad, por su discreción y por su tacto.

El ministro calificó de manifestación católica el acto desarrollado en Jerez, en consonancia con lo publicado por Diario de Jerez dos días antes, que calificó la procesión como política, lo que obligó al prelado dominico a desmentirlo. También defendió la actuación de las autoridades en el conflicto, pues trataron de mitigar la violencia del choque. Y hubo ciertas provocaciones como las de pasar el cortejo ante los Círculos liberales, donde se recrudecieron las protestas, llegando a gritarse Muera la democracia. Y si hubo más incidentes fue porque al secretario municipal se le olvidó enviar la orden del alcalde al gobernador civil para que la Guardia civil estuviese vigilante, lo que ocasionó que se le abriese un expediente a dicho secretario y fuese suspendido en sus funciones. También había actuado el Juzgado contra los detenidos abriendo diligencias. Así que para el Gobierno su actuación fue correcta, pero el conde de los Andes no se sintió satisfecho y presentó al mes siguiente una interpelación parlamentaria que abundó en lo ocurrido y culpó de lo sucedido a sus eternos enemigos políticos, los concejales republicanos del Ayuntamiento de Jerez, en especial a Moreno Mendoza, que consiguieron que la procesión fuese insultada y perseguida por la chusma. Aunque el Ministro insistió en que los asistentes a la procesión habían provocado la reacción de los republicanos y anticlericales.