Alberto Grimaldi

agrimaldi@grupojoly.com

¿Alguna vez se rescató a Abengoa?

Las cuentas de las sociedades creadas en Luxemburgo muestran que las reestructuraciones sólo beneficiaron a ciertos acreedores y no dieron oportunidad al reflotamiento de la compañía

Planta termosolar Solúcar, construida por Abengoa, en Sanlúcar La Mayor ( Sevilla).

Planta termosolar Solúcar, construida por Abengoa, en Sanlúcar La Mayor ( Sevilla). / M. G.

El 4 de marzo de 2021, el accionista mayoritario de Abengoa –que en realidad son 3.000 partícipes sindicados– denunció que la compañía había sufrido un “expolio” por los principales acreedores financieros de la cotizada sevillana fundada en 1941. En un duro comunicado, el mismo día que debió celebrarse una junta general extraordinaria que nunca se ha consumado por orden judicial, Abengoashares sostuvo que “la banca acreedora  y los fondos buitre lograron imponer unas condiciones totalmente leoninas en el los planes de reestructuración de 2017 y 2019, forzando a la compañía a incluir cantidades en comisiones e intereses totalmente desproporcionados como, por ejemplo, los 138 millones en concepto de ‘gastos de reestructuración’ en la reestructuración realizada en el año 2017 con un interés de hasta el 18%, aprovechándose de la situación de debilidad de la compañía”. Y añadía a renglón seguido: “En el año 2018 Abengoa vendió su participación en Atlantica Yield a la compañía canadiense Algonquin Power & Utilities Corp por un importe total aproximado de 870 millones de euros que fueron a parar en su totalidad a manos de la banca acreedora, dejándose por el camino más de 20 millones de euros en concepto de ‘comisiones de intermediación”.

Cuatro días después, un extenso informe publicado por los diarios del Grupo Joly, desvelaba que sobre la estructura de sociedades luxemburguesas que fueron claves en la primera reestructuración de 2017 existió, en la cúspide de toda la arquitectura financiera, una fundación holandesa opaca: Stichting Seville.

Desde el pasado sábado sabemos que la sindicatura que controla más del 21% del capital de la compañía se quedó corta. Con la ayuda de analistas financieros, la investigación periodística que sobre el caso Abengoa se ha ido publicando en el último año en las nueve cabeceras del grupo de referencia de la prensa escrita andaluza ha desvelado nueve meses y una semana después de la denuncia de “expolio” de los accionistas que los costes del primer rescate superaron los 400 millones de euros. Y que los intereses reales estaban fijados en un 24,9% anuales, con comisiones de apertura y cancelación anticipada que rozaron el 11%.

No se trata de estimaciones. No. Lo publicado el pasado sábado son exclusivamente datos: pura información. Obtenida de fuentes documentales oficiales: las cuentas auditadas de cinco sociedades en Luxemburgo y depositadas en el Registro Mercantil de ese país. En concreto de las compañías ABG Orphan Holdco (la sociedad ajena a la propiedad del grupo que recibió los fondos del nuevo dinero de la reestructuración financiera, 1.169 millones según lo anunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV), ACIL Luxco 1 y 2 (el doble paraguas societario para albergar garantías sobre Atlantica Yield) y A3T Luxco 1 y 2 (el doble paraguas societario para albergar garantías sobre la planta de cogeneración en México A3T).

¿Usura?

Esos datos permiten afirmar que sólo en comisiones se pagaron más de 208 millones de euros. En concreto, una comisión de apertura del 5,9% por 50.666.536,90 euros y una comisión de cancelación anticipada del 5% de 46.649.783,60 euros. Y, según consta en las cuentas de ACIL Luxco 1, la comisión por la venta de Atlantica Yield fue de 95.923.960 euros, casi cinco veces más de lo que a los accionistas ya les parecía un “expolio”. 

Y que los intereses cobrados fueron también de al menos otros 200 millones más. Las cuentas de ABG Orphan Holdco señalan que en el ejercicio de 2017, firmadas por Christian Anders Digemose, se cobraron intereses por importe de 95.288.323,88 euros. En 2018, los intereses cargados ascienden a 68.870.301,09 euros. Otros 27 millones se cobraron en España sólo en el primer año de la refinanciación en Abenewco 2.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señala que se considera usura cuando el interés aplicado sea manifiestamente superior al del mercado y desproporcionado para el caso concreto. El tipo de interés legal del dinero en los años 2017 y 2018 publicados por el Banco de España fue del 3%.

Escaso riesgo

Y además, el grueso de esos 400 millones en comisiones e intereses se cobraron en un esquema STAK y de dobles Luxco: esto es, administración desde una fundación holandesa de unas sociedades en Luxemburgo. Con ello, los acreedores se aseguraban que se aislaban los pagos de posibles insolvencias de la matriz del grupo o de cualquier decisión judicial de magistrados españoles en un contexto concursal.

El riesgo de impago era, por tanto, mínimo. Y no sólo por usar esa compleja estructura societaria y financiera, sino porque como ha desvelado la misma investigación periodística, los acreedores propusieron a un administrador para que controlara todo en una triple posición: Christian Andres Digemose, que fue director de la Stichting Seville, director de ABG Orphan Holdco y administrador de sociedades del grupo Abengoa con derecho de veto en Reino Unido, en una primera fase en Abengoa Concessions Invesments Limited (ACIL), y en Luxemburgo en ACIL Luxco 1 y A3T Luxco 1. En su perfil de LinkedIn, el ex vicepresidente de Houlihan Lokey, el liquidador contratado por los acreedores y bonistas de Abengoa, además señala que administró sociedades del grupo Abengoa en México (algo lógico estando allí el A3T), pero que hasta ahora no ha sido corroborado con documentación.

Ni liquidez ni activos

Las cuentas del entramado luxemburgués (siguen sin conocerse las de la fundación holandesa) también permiten ver claramente que el primer rescate optó por vender rápidamente Atlantica Yield, a un precio muy inferior a la capitalización que ha alcanzado, con fuertes beneficios no sólo para los acreedores con una comisión de casi 100 millones de euros, sino que también supuso un bonus cercano al millón de euros para el presidente ejecutivo de Abengoa en 2018, Gonzalo Urquijo.

Y que el nuevo dinero que un grupo de fondos de cobertura (hedges funds) y la banca acreedora inyectaron en el primer rescate se dedicó a financiar la terminación de un activo, el A3T, que apenas generó caja para Abengoa. La planta mexicana se puso en operación en 2019 (con importante incidencia para el Ebitda del grupo, según la propia Abengoa), pero en poco más de un año salió del balance porque, aplicando una cláusula de call option, el Banco de Santander se la adjudicó. A fecha de hoy no consta que la haya vendido y la planta sigue generando ingresos, que desde enero pasado ya no son para Abengoa.

Y no quedó apenas dinero para dar liquidez operativa para reflotar al grupo, que en un año se vio obligado a plantear un segundo rescate que debería haber sido innecesario de haberse cumplido el plan de refinanciación comunicado a la CNMV y elaborado por Álvarez & Marsal.

La conclusión es que la primera reestructuración financiera sólo rescató a determinados acreedores, que con la operación ingresaron cantidades que como mínimo amortiguaron las quitas que todos los poseedores de deuda habían hecho. Fondos y banca, además, ingresaron varios centenares de millones de euros más por la venta de las acciones que habían obtenido al capitalizar la deuda eliminada, y lo hizo cuando no se dotaba de liquidez a la empresa en contra de lo que se decía al mercado (alguien tendrá que aclarar por qué fondos y bancos eran los titulares de esas acciones si formalmente el dinero nuevo lo prestó ABG Oprhan Holdco). Miles de nuevos accionistas compraron con una información que aseguraba que Abengoa tenía un gran futuro mientras su director general, Joaquín Fernández de Pierolareconocía en un documento contable en el Reino Unido al mismo tiempo (abril de 2017) que el rescate acometido no eliminaba las incertidumbres para el grupo. ¿Cómo iba a hacerlo si con esas reestructuraciones perdía activos valiosos y no recibía liquidez operativa? El propio Pierola también reconocería después en la segunda reestructuración que cuando las previsiones de cancelación de deuda del A3T resultaron insuficientes, se usaron 40 millones de dólares que debía recibir Abenewco 1, la filial operativa, para cubrir lo que faltaba.

¿Ha habido algún rescate de Abengoa en realidad tras dos reestructuraciones financieras? Los datos permiten, cuando menos, ponerlo en duda. De hecho, la propia Fiscalía considera que los hechos denunciados por un grupo de accionistas ante el Ministerio Público “serían indiciariamente constitutivos, a priori, de un delito de administración desleal, un delito contra el mercado, un delito societario, y un eventual delito de estafa”. Acusaciones que le llevaron a sumar esas denuncias a la querella que ya presentaron los accionistas que son herederos de los fundadores de Abengoa, a través de la sociedad Inversión Corporativa.

Terramar, un esquema similar

En la newsletter sobre actualidad económica andaluza ya difundimos que la oferta vinculante presentada para poder hacer realidad la tercera reestructuración financiera que se fustró en 2020, Terramar Capital, el comisionista de EEUU, prestará 140 millones de euros y comprará casi 60 millones de deuda ya existente con los 200 millones que promete inyectar en Abenewco 1 a cambio de quedarse con el 70%.

Las condiciones de la oferta de Terramar, las que han trascendido y, sobre todo, las que no se han hecho públicas, apuntan a que el grueso de esos 200 millones irán a parar de nuevo a los acreedores y el comisionista estadounidense prevé recibir unos 360 millones entre comisiones e intereses. Y con cláusulas que le permite tener prelación en el cobro en caso de concurso de la filial operativa, al multiplicar por 2,5 la deuda viva que tuviese en caso. Una repetición de lo sucedido en 2017 y 2019.

No es de extrañar por tanto que los representantes de Abengoashares en el consejo de administración de Abenewco 1 se opusieron con firmeza a aceptar la oferta de Terramar, aunque sin éxito porque el voto de calidad del presidente no ejecutivo, Juan Pablo López Bravo, permitió aprobarlo, y ello pese a que la junta de accionistas de la matriz, que también presidió, acordó ejercer una acción de responsabilidad contra él por pedir el concurso de acreedores ese mismo 4 de marzo en el que se denunció el expolio.

Y todo está condicionado, además, a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) conceda una ayuda de 249 millones de euros. ¿Lo aprobará sin conocer por qué se opone el primer accionista, que dejó constancia de ello en el acta de esa sesión del consejo de administración de Abenewco 1? ¿Permitirá que otro escándalo se cierna sobre el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas? El Gobierno de PSOE y UP tendrá que decidirlo.

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