Las derechas suelen considerar despectivamente al estado. Les sobra el estado. Con sarcasmo hablan de papá o mamá estado considerando infantiles e inferiores a los que optan por los servicios públicos o, simplemente, reciben una ayuda. Son adalides del "laissez faire, laissez passer", forma fina de llamar en francés a la ley de la selva. Una de sus máximas de cabecera es que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos y no en el estado, olvidándose de que hay gente que no tiene dinero ni, quizás, bolsillos. Consideran que los parados lo son porque no buscan empleo y que los pobres lo son por indolentes.

El problema es que, si se dieran una vuelta por ahí, se encontrarían con muchas familias que no llegan a fin de mes aunque trabajen uno o más de sus miembros. Porque durante 2022 se han encontrado con que la cesta de la compra ha subido un 16%, los recibos mensuales de la hipoteca cerca del 50%, la gasolina un 24% con picos de un 39%, la luz hasta un 88%. Mientras tanto, los salarios con convenio se han limitado a subir un 2,8% con una mayoría de trabajadores sin cláusula de revisión salarial. Se trata de hombres y mujeres que, aun trabajando, cada vez son más pobres. Pobres con trabajo.

El mercado no es capaz de resolver la situación de esta gente. Su única esperanza es, precisamente, el estado. Un estado para evitar los abusos y garantizar unos mínimos de vida digna para todos, lo que incluye sanidad y educación. Con capacidad de limitar los excesivos precios de los bienes de primera necesidad (cesta de la compra, luz, agua, alquiler…). Con la decisión de dar ayudas directas a quienes las precisen. Con las agallas imprescindibles para recaudar de quien lo tiene el dinero necesario.

Poniendo el parche antes que salga el grano, esto no es comunismo bolivariano, sino sentido común.

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