La reciente aprobación de la nueva ley educativa es uno de los mayores desastres silentes que sufre nuestro país en los últimos tiempos. Por más que haya dado titulares de prensa, debate en tertulias y una mínima atención en el Congreso, esta ley es de las que marca el futuro de una generación. El Gobierno la aprobó sin el consenso de autonomías, profesores, padres y con un fuerte componente ideológico. Las mareas están calmadas ante el peor ataque a la calidad de la educación pública porque con la izquierda hermana, calla. Los editores de libros de texto están que trinan, no saben aún cómo adaptará cada autonomía los nuevos textos el curso que viene y advierten del absurdo normativo. Mientras la autoridad educativa en su incompetencia se parte la cabeza para imponer hasta la extenuación el lenguaje inclusivo, el género de las matemáticas con afecto o la Historia que nos interesa, una parte no pequeña de los profesores desertaron hace años de la idiotez de esta cultura de la cancelación, de la vuelta de tuerca cada vez más absurda de un gobierno sectario que tiene una ocurrencia peor que la del día anterior, de la renuncia al conocimiento en favor de la manipulación, de la emoción por la razón y de la autocensura de esta nueva era de dogmas irracionales. Cada miembro de la comunidad educativa va gestionando su desánimo como mejor sabe y el que discrepa es arrojado a las tinieblas de lo reaccionario, tachado de machista e intolerante. Urge organizar la resistencia. Sólo así sobreviviremos a esta terrible plaga.

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