Análisis

Joaquín Aurioles

La economía política del 23-J

Desde el desarrollo de la economía del bienestar, en la primera mitad del siglo XX, la controversia en torno a los límites a la intervención del estado ha sido tema central en el debate político. Ha pasado un siglo desde que Pigou defendiera que corresponde al estado corregir las consecuencias de los fallos del mercado mediante el establecimiento de impuestos (subvenciones), concebidos como compensación por los daños (beneficios) sociales provocados. Décadas más tarde fue cuestionado por Coase: la medición puede ser difícil y costosa, hasta el punto de imposibilitar la determinación de la cuantía adecuada del impuesto. Concluye que, al menos en ciertos casos, la mejor solución puede salir de la negociación entre las partes. Puede parecer anacrónico, pero si consideramos la pobreza de la fundamentación sobre la cuantía del impuesto a las grandes fortunas podríamos convencernos de la oportunidad de la reflexión.

Entre ambos, Keynes defendió la intervención en el corto plazo con el fin de limitar las consecuencias perversas de los ciclos sobre los precios y el empleo. Todos, en definitiva, de acuerdo en que existen circunstancias que exigen la intervención del estado, pero en profundo desacuerdo sobre cuáles y sus límites. Depende de las ideologías, de consideraciones éticas, sociológicas o coyunturales, pero también de los intereses políticos y económicos. Utilicemos un ejemplo cercano para precisar las diferencias.

Para paliar las consecuencias de la inflación durante el pasado año el gobierno decidió subvencionar el precio de la gasolina y bajar el IVA a la electricidad. Dos formas de intervención diferentes con un mismo objetivo: reducir el precio pagado por el consumidor con el fin de defender su bienestar. Las consecuencias políticas, en cambio, son bien diferentes. La devolución de una parte del precio en forma subvención permite mantener el nivel impositivo y un mayor efecto redistributivo, si se establecen criterios de discriminación por nivel de renta o riqueza, que en este caso no existieron. En otras palabras, más ingresos y gasto público, es decir, más peso del sector público, pero también más costes de gestión para el privado. En la práctica, pérdida de eficiencia (más costes), que recuerda a las dificultades de las gasolineras para adaptar el sistema, cuyos costes debieron asumir, y sus denuncias sobre retrasos en los pagos.

La alternativa es bajar impuestos. El efecto directo sobre el bienestar es similar, pero reduce el peso del sector público y los costes de gestión. También significa que el mercado adquiere mayor protagonismo en la asignación de los recursos, es decir, que aumenta la autonomía de las personas sobre el empleo de su dinero, y que se reduce el efecto redistributivo de las políticas públicas.

Admitamos que nuestro planteamiento es simplista y que ignora multitud de posibilidades de conciliación entre ambas posturas. Precios mínimos en agricultura y alimentos (RDL 5/2020), precios máximos a los alquileres, ayudas (200 euros) a familias con renta inferior a 27.000…, pero facilita la comprensión del problema de fondo: ¿quién comete los errores más groseros: los gobiernos o los mercados?

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