La economía está en el centro del debate y las estrellas son la fiscalidad y el empleo. Para el centro-derecha, la reducción de impuestos y del gasto público permitirá que la economía sea más eficiente (menos costes fiscales y de burocracia) y más competitiva, lo que provocará mayor crecimiento y empleo. Para la izquierda es justamente al revés. Lo importante no es el empleo, sino el bienestar y, puesto que los salarios son bajos y los empleos precarios, hay que reforzar las políticas sociales. El problema es que, si las finanzas públicas están al límite, habrá que subir los impuestos a los ricos, a los bancos y a las grandes empresas, especialmente si son multinacionales.

En definitiva, un nuevo capítulo de la controversia económico-social de siempre, así como de los argumentos falaces tradicionales. Si se acepta la falacia como la conclusión que no se corresponde con la argumentación esgrimida o levantada sobre fundamentos erróneos o inadecuados, hay que reconocer que las campañas electorales se llenan de ellas. Por ejemplo, que una reducción del gasto público redundará en mayor crecimiento y empleo, aunque lo verdaderamente significativo en el caso de las andaluzas es la proliferación de falsedades y afirmaciones gratuitas, es decir, sin fundamentación alguna. A veces son reflejo del debate político nacional, como que las clases medias y más modestas no se verán afectadas por la subida de impuestos, aunque en la mayoría de los casos están más pegadas al terreno, como la promesa de crear cientos de miles de empleo, sin indicar cómo. Lo más frecuente, sin embargo, es la utilización de datos falsos para atacar al contrario, que normalmente dan paso a controversias confusas para el votante, como la magnitud de las listas de espera sanitarias, la cuantía del gasto público en innovación y desarrollo o el tratamiento de Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado.

La mentira debería penalizar al mentiroso, de la misma manera que el incumplimiento de las promesas electorales al populista, pero los hechos parecen indicar lo contrario. Si se repiten con frecuencia y con la suficiente habilidad como para confundir al votante y a su tolerancia, ambas se convierten en eficaces herramientas políticas, a la que no dudan en recurrir los partidos contendientes, aunque sea a costa de importantes fisuras en el armazón ético de la democracia.

Comparto muchos de los reproches de la izquierda al comportamiento de los bancos, sobre todo de las politizadas cajas de ahorro, durante la crisis pasada, pero no creo que en Andalucía sobren ricos ni, mucho menos, grandes empresas, a pesar de la doble falacia implícita en la justificación del castigo fiscal a todos ellos por su presunta culpabilidad de nuestro atraso secular y elevadas cifras de paro.

Tampoco suscribo la defensa del mercado en base a la falacia de que una sociedad más libre nos hará más eficientes y transparentes y, por lo tanto, más justos. Demasiadas evidencias de fallos de mercado que justifican la intervención pública en defensa de los más débiles y marginados, cuya repercusión territorial admite pocas dudas a estas alturas, con Andalucía entre las más perjudicadas.

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