Contra la suciedad ajena

La UE anunció en 2019 su intención de establecer un “arancel verde” que gravaría las importaciones de productos con un alto contenido en CO2 provenientes de países sin una legislación climática equivalente a la nuestra. En diciembre de 2022, quedó establecido el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM); desde diciembre de 2023, en fase piloto y de recogida de información, y a partir de 2026, plenamente activo. Este instrumento presionará a otros países a cumplir con el Acuerdo de París, incentivando que se produzca una convergencia gradual respecto a la normativa climática.

El CBAM actúa como una barrera, equiparando las condiciones entre las empresas europeas y las de terceros países. Así, los importadores tendrán que pagar un impuesto equivalente a la diferencia entre el coste del carbono según el esquema de la UE y cualquier precio del carbono pagado por el exportador en su mercado interno. Inicialmente afectará a hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.

Al mismo tiempo, deja de tener sentido la “fuga de carbono”, esto es, como hay industrias europeas que se encuentran en desventaja respecto a la de los países con planes de descarbonización menos ambiciosos, la UE, para compensar esto, les ha venido entregando derechos de emisión sin coste. Con el CABM desaparece la desventaja y, consecuentemente, dejarán poco a poco, hasta 2034, de recibirlos.

La recaudación subirá, porque todas las empresas europeas pagarán sus emisiones y para los importadores que consigan el material del extranjero, si es más sucio, funcionará “el arancel”. La recaudación extra prevista es de un 0,1% del PIB europeo, unos 14.500 millones de euros anuales (cálculos realizados en un estudio del Institut d’Economia de Barcelona). Pero lo más importante es que incentivará a los gobiernos de los países exportadores a elevar sus estándares, porque en caso contrario el diferencial de coste por el carbono lo recibirá el país europeo importador en vez de ellos.

Europa ha sido siempre líder en la lucha contra el cambio climático, contagiando al resto a subirse al carro: los mercados de carbón se están extendiendo; los que ya lo tienen, están reforzándolos; y el CBAM presionará a los grandes emisores de carbono para que modifiquen su normativa medioambiental para vender sin pagar el arancel, y provocará además que proliferen otros esquemas transfronterizos. Como señala The Economist en su artículo How carbon prices are taking over the world, a principios de 2023, el 23% de las emisiones mundiales estaban cubiertas por un precio al carbón, frente al 5% en 2010.

No obstante, este esquema no está exento de problemas. Según el estudio El “arancel al carbono”: ¿proteccionismo verde o liderazgo global contra el cambio climático?, del Real Instituto Elcano, nada garantiza que la implementación vaya a ser fácil, tanto por motivos técnicos, como sociales y geopolíticos. El éxito dependerá de las reacciones de terceros países: dentro de unos años, podríamos encontrarnos con que el CBAM terminó siendo efectivo a nivel global y contribuyó a la lucha contra el cambio climático o que pase a los libros de historia como una de las medidas que abrió la puerta a nuevas guerras comerciales.