Vivienda y Estado

Es noticia de primer orden estos días. Comprar o alquilar una vivienda en España es misión imposible. Y aún más para el joven que quieren emprender su propio proyecto de vida con sueldos precarios. Nunca antes en democracia el mercado inmobiliario estuvo tan intervenido como ahora: medidas como el riguroso control de precios del alquiler y la ayuda a familias vulnerables con la prohibición de desahucios, por nombrar sólo algunas; añadamos la subida del SMI del 54% en los últimos seis años, para luchar contra la precariedad o la reforma laboral que pretendía dar al trabajador mayor estabilidad. Nada de esto parece estar funcionando. La oferta de viviendas en alquiler ha caído dramáticamente, más de 300.000 ha salido del mercado desde 2021; no es que se hayan volatizado, es que los propietarios están aterrados o buscan refugio en otras alternativas, vacacional o de temporada. La consecuencia directa de la falta de oferta y la alta demanda es la elevación de precios a niveles nunca vistos. ¿Qué soluciones propone el Gobierno? Más intervención y la quimera de la vivienda social de la que solo escuchamos promesas en los mítines cuando la cosa de caldea. El camino para revertir esta situación es justo el contrario del que hemos tomado, sacar al Estado de la ecuación del mercado de precios y centrarse en la protección del propietario; bancos y fondos buitres poseen solo el 8% del parque inmobiliario, el 92% a proteger son pequeños propietarios. No vendría mal expulsar el discurso ideológico de la cuestión y centrarse en lo que funciona. Los incentivos a la protección del derecho a la vivienda no pueden recaer en el propietario, sino en el Estado. Estamos en el puesto 18 de los países de la UE en vivienda social, tenemos un 2,5% frente al 30% de Países Bajos o el 24% de Austria. Menos discursos y más soluciones.