EL nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha propuesto la nacionalización parcial de la entidad como fórmula de emergencia para sacarla del atolladero. Contando con la aprobación del Gobierno, la entrada del Estado en el capital de BFA-Bankia se materializaría mediante la conversión en acciones del préstamo de 4.446 millones de euros que le concedió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para afrontar su penúltima gran crisis. La última, que ha sido la definitiva, se produjo cuando los auditores se negaron a refrendar las cuentas de Bankia por considerar que el valor contable de numerosos activos estaba muy por encima de su valor real. La perspectiva de que el patrimonio de Bankia se redujera a cero con la nueva valoración de los activos es lo que ha hecho estallar a la entidad y obligado a la intervención del Estado. La salida de Rodrigo Rato es producto obligado de la gravedad de esta situación. Rato se encontró una Cajamadrid devaluada por una pésima gestión, que además empeoró con la fusión con Bancaja y otras entidades menores, muy perjudicadas por activos inmobiliarios tóxicos y equipos directivos de notoria inspiración política. Bankia se había convertido en la mayor inmobiliaria de España y estaba atravesada de un elevadísimo riesgo. Los errores vienen del pasado. Por un lado, de la citada interferencia de la clase política en la dirección y control de las cajas de ahorros, que parecía funcionar bien hasta que la crisis destapó sus insuficiencias e incluso sus vergüenzas. Por otro, de la superficialidad de las reformas del sector financiero que se han venido produciendo, con el Gobierno de Zapatero y también con el de Rajoy, que ha ido poniendo parches en vez de acometer los cambios en profundidad que se requerían. Ahora habrán de hacerse, después de haber perdido mucho tiempo y cuando su implantación traerá consigo una mayor desafección social y ciudadana ante el sistema mismo. A todo esto, el Banco de España también ha fallado con estrépito en su labor de supervisión.

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