La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha lamentado con un pesar escatológico la situación económica de la provincia de Cádiz: somos, ha dicho, el culo del mundo, la zona olvidada del mapa. Sin embargo, si desplegáramos la hoja cartográfica de la Bahía, comprobaríamos que sobre ella hay abiertos tres astilleros públicos. Navantia cuenta con seis factorías en España: una en Cartagena; dos en Galicia, Ferrol y Fene, y tres en una misma comarca gaditana. Son astilleros que, de ser privados, o estarían concentrados en una única ubicación o habrían cerrado hace muchos años. Hay culos mucho peores.

Bajo el paraguas de Navantia, estos astilleros sortean la prohibición europea de las ayudas públicas por su interés para la defensa del país; el otrora ministerio de la Guerra los riega con encargos que salen de los Presupuestos Generales del Estado, y el titular de Asuntos Exteriores va vendiendo en sus viajes las corbetas que se construyen en la Bahía. Esta industria naval, que es la tractora de la auxiliar del metal, la que estos días ha estado en huelga, obedece a una decisión política de muchos gobiernos españoles. Recordemos que en 1995 el ministro Pedro Solbes ordenó el cierre del astillero de la ciudad de Cádiz para concentrarlo en Puerto Real, Cádiz ardió esa noche y el Gobierno dio marcha atrás. Fue un episodio más que se repite desde principios del siglo XX: en ocasiones, eran las fuerzas vivas las que iban a Madrid a exigir trabajo para el dique; otras, los trabajadores en la calle, bien en manifestaciones, bien en las barricadas sobre el puente.

Este tipo de relaciones laborales entre los obreros navales y el patrón Estado ha servido, en efecto, para mantener la singularidad de estos tres astilleros en la misma Bahía, porque los gobiernos, al final, son bizcochables, casi siempre ceden, pero han lastrado de modo muy negativo las inversiones privadas en los otros sectores industriales porque emula ese modelo público. El último convenio de Delphi fue un gran éxito para un sindicato secundón, pero un desastre para la competitividad de la planta y, a la postre, para los trabajadores. Cerró.

El mismo día que los sindicatos del metal de Cádiz llegaban al acuerdo con la patronal, se firmaba el convenio de la provincia de Sevilla, con medio punto menos de subida salarial, pero con el ahorro de nueve días de palos y barricadas. Media España aplaude la bravura gaditana, la épica revolucionaria revive a la izquierda del siglo XXI, el alcalde Kichi se ufana del fuego fructífero, pero el efecto reputacional para la Bahía es un desastre: así, nadie quiere invertir. Sólo quedará el reducto. Culo y ombligo a la vez.