Convivencia sin coacciones

EL presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, ha reconocido que los alcaldes de su partido que acosaron a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la salida del hotel en que se alojaba en Málaga, el pasado sábado, no debieron actuar de este modo en defensa de sus reivindicaciones. Aunque Zoido también matizó que la propia presidenta tendría que haber recibido la carta con sus peticiones -el pago de deudas de la Administración autonómica con sus ayuntamientos-, el hecho relevante es que el líder del PP ha querido zanjar el incidente con el reconocimiento de la inadecuada conducta de los alcaldes de su partido. Zoido, que es también alcalde de Sevilla, ha subrayado su rechazo a las actitudes de violencia contra los cargos públicos, desmarcándose así de los posicionamientos de otros dirigentes de su organización, en algunos casos ambiguas, cuando no complacientes, con lo sucedido. Ésta es una complacencia, por otra parte, que han mostrado también en el pasado numerosos representantes del PSOE cuando las víctimas de los escraches protagonizados por colectivos en dificultades fueron diputados y otros cargos del Partido Popular. Lo dijimos en su momento: la práctica del escrache debe ser erradicada de nuestra vida pública en la medida en que supone siempre una forma de coacción y vulneración de la libertad de políticos o ciudadanos que hay que considerar inaceptable. El ordenamiento jurídico vigente en Andalucía, y en España, consagra como legítimos los derechos de reunión, expresión y manifestación, que tienen sus cauces establecidos sin más limitaciones que los derechos de los demás (en los casos que comentamos, la libertad y la seguridad). Nunca están justificados los escraches que amenazan a cargos públicos, ni en sus domicilios ni en los lugares en que ejercen sus funciones o realizan actos privados, y menos si sus autores son otros políticos en activo, que disponen de numerosas vías de protesta y publicidad, que se escudan en reivindicaciones que pueden plantear de otros muchos modos. Por lo demás, las relaciones entre instituciones han de estar guiadas por la lealtad y la cooperación, nunca por el sectarismo. Zanjado, pues, el incidente de Málaga, sólo cabe apostar por que no vuelvan a producirse actos de esta índole, tan poco representativos, por otra parte, del normal funcionamiento de la sociedad andaluza, acostumbrada a dirimir sus conflictos sin el recurso a la violencia. Cuando muchos andaluces que sufren situaciones de injusticia y pobreza protestan sin dañar los derechos de otros no sería de recibo que sus representantes lo hicieran mediante actitudes más próximas al gamberrismo que a la convivencia en paz.