Que el ministro de Cultura, el rector de la UCA o el menganito de turno, nieguen que ha habido un veto al abogado de "la Manada" en los cursos de verano de Cádiz, queda en entredicho por los mails enviados desde la UCA y publicados en diversos medios. No sé en que quedará la polémica- en nada, como casi todo cuando pasan unos días-, pero el veto es una canallada que acredita la pobre concepción de la libertad y los complejos que tienen algunas de nuestras autoridades. Doblemente grave si es la Universidad la que se doblega, porque va en contra de su esencia. El impacto mediático de la manada debería ser estudiado con sosiego; por qué esta manada y no las más de 17 manadas contabilizadas en los últimos años, por qué la presión ejercida desde las más altas instancias a la independencia judicial, la extraña manía de condensar en una frase la calificación de un tipo penal a golpe de pancarta o la torpe maniobra de reducir una realidad tan diversa y compleja a un "no es no o sí es sí". Caemos en el peligro de la justicia low cost, en el que la calle, como en el circo romano, salva o condena. En un Estado de Derecho, al pueblo y a los que lo lideran se los mantiene a raya bajo el Imperio de la Ley y ningun lobby debe torcer la balanza de la justicia a su exclusivo interés. Todos los tipejos que pululan por nuestras calles vayan solos o en manada- aunque lleven escrito en la frente "soy culpable"- tienen derecho a un juicio justo y a una defensa como dios manda con todos sus avíos. Los abogados están para defender incluso lo indefendible en garantía de que la sentencia de un tribunal quedará lejos de un ajuste de cuentas. La UCA debería haber hecho todo lo posible y más para no suspender la intervención del letrado en cuestión. Un poco de libertad y menos y sometimiento al poder político no hubiera venido mal.