UN millón novecientos mil alumnos de etapas educativas obligatorias, posobligatorias y de régimen especial y 117.000 profesores inician hoy el curso escolar en 6.800 colegios públicos, privados y concertados de Andalucía. El ochenta por ciento del alumnado recibirá la enseñanza en centros de titularidad pública. Éste debía ser el curso de la nueva reforma educativa, pero la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se demorará un año por decisión de la Junta de Andalucía, de modo que se trata de un curso de transición. El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha confesado que aplicará sólo parcialmente la nueva normativa "por sentido de la responsabilidad y por imperativo legal". Los cambios sobre cursos anteriores se reducen a las asignaturas de Religión y Conocimiento del Medio. Las demás reformas previstas en la Lomce tardarán casi un año en desarrollarse. Alonso ha explicado la demora por el retraso del Ministerio en elaborar los decretos curriculares -están preparados desde mayo pasado- y porque no se ha firmado el convenio de financiación entre Gobierno y Junta, pero la justificación no puede ocultar que existe una voluntad política por parte del Gobierno autonómico de ralentizar el despliegue de la ley Wert, a la que aquél se opuso durante las negociaciones sectoriales e incluso, en algunos aspectos, en los tribunales. De este modo, un servicio tan básico para la sociedad como el que presta el sistema educativo queda mediatizado una vez más las interferencias políticas y sometido a los vaivenes del contencioso permanente entre los dos partidos, PP y PSOE, que controlan el Gobierno de la nación y el Gobierno de la comunidad autónoma. Es un flaco favor el que se hace a alumnos, padres y profesores con esta nueva expresión del conflicto y, sobre todo, con la larguísima experiencia de reformas y contrarreformas que ha padecido el sistema de enseñanza español desde los primeros años de la democracia y hasta el presente. En este caso concreto, la Lomce, aunque rechazada en el Congreso por el principal partido de la oposición, ha sido aprobada por el órgano legislativo legitimado para hacerlo y, en esta medida, su puesta en marcha debe ser inmediata y en todo el territorio nacional, sin que quepan excepciones ni retrasos -más allá de los derivados de las dificultades materiales que puedan lastrar algunos de sus aspectos- y sin que sea aceptable ninguna forma de insumisión o boicot, abierto o disfrazado. Luciano Alonso no puede aislar e individualizar a Andalucía de la enseñanza implantada en el resto de España a la espera de un nuevo cambio de Gobierno que traiga otra reforma.