Se acerca la hora

LA gran estafa andaluza es la combinación de esos factores, el despilfarro continuo de dinero público y la quietud constante de la sociedad". Así concluía hace unos días Javier Caraballo en El Confidencial un artículo en el que acierta a describir el mecanismo que ha hecho posible la continuada sucesión de gravísimos escándalos que afectan al entramado socialista andaluz, desde la Junta a los sindicatos, pasando por todos y cada uno de los núcleos de poder empresarial, institucional o cultural que entre nosotros suple la inexistencia de una verdadera sociedad civil. Cada uno de esos graves escándalos hubiera dado motivo en cualquier otro sitio a una alguna reacción social y política, como se ha visto en estas semanas en la misma profundamente corrompida Cataluña a raíz del caso Pujol. Pero en Andalucía, pasado el primer momento de estupor, ¿qué ha cambiado? La sucesión de noticias y el progresivo conocimiento de nuevos, mayores y más increíbles latrocinios parecen tener un efecto paralizante en la opinión, absolutamente desmoralizada.

En estas condiciones, cabe preguntarse qué hubiera pasado si no hubiera existido una juez Alaya que, en medio de todas las dificultades imaginables y de la hostilidad de buena parte de los medios de comunicación, tan dispuestos como siempre a colar el mosquito y tragarse el elefante, ha tenido el valor, la perseverancia y la lucidez de mantener el rumbo de su instrucción. Es fácil imaginar cuántas presiones, cuantos consejos digamos bienintencionados no habrá recibido en estos tres años; cuántas veces habrá tenido la tentación, incluso la necesidad de echarse a un lado y dejar pasar un cáliz que ninguno de tantos sabios y campanudos juristas como se han atrevido en estos años a intentar desacreditarla, hubiera querido ver ni de reojo.

La elevación al Supremo de la causa de los ERE falsos, mera punta del iceberg de la inmensa trama de corrupción que ha arruinado la mayor oportunidad de transformación que haya gozado Andalucía desde siglos, es un momento definitivo en el juicio que la posteridad se haga del régimen autonómico y de la Transición, en realidad de toda una generación de políticos a los que se les ha dado un margen de confianza tan inagotable como inmerecido. Si la Justicia, tampoco ahora, es capaz de ganarse el respeto del pueblo, habrá dictado la definitiva sentencia de la democracia.