Crónica Personal

El aval

Lo que pretende Aragonès es una desfachatez además de una ilegalidad, seguro que lo comprende hasta Sánchez

Doctores tiene la Iglesia y expertos la Justicia para analizar la operación diseñada la Generalitat para echar un cable a los independentistas a los que el Tribunal de Cuentas exige fianzas por posible malversación de fondos públicos. Cuando el Tribunal de Cuentas ha tomado medidas expeditivas contra partidos políticos, instituciones y cargos públicos que se tomaban el control de sus dineros a título de inventario, bien que se han escuchado voces que se felicitaban de que hubiera un organismo que se ocupara y preocupara de ese control, y bien que se han aplaudido las medidas que se aplicaban a los infractores: devolución de lo malversado y la multa correspondiente.

Ni se ponía en cuestión que los consejeros del Tribunal de Cuentas fueran elegidos por PP y PSOE ni se criticaba su rigor y su contundencia con el argumento de que no es una instancia judicial a pesar de su nombre ni se trataba como víctimas a quienes habían sido encontrados en falta. Hoy, sin embargo, un sector de la clase política que presume de progresista han puesto el grito en el cielo por lo que consideran una persecución a las fuerzas independentistas y a sus dirigentes. Que, por cierto, no tienen nada de progresistas, siempre se han alineado con las posturas más conservadoras, de ahí su predicamento en la burguesía catalana.

Sin necesidad de títulos ni doctorados lo ocurrido parece muy claro. Un grupo de secesionistas se levantan contra el Estado del que pretenden independizarse y, para financiar sus operaciones, algaradas, viajes y gastos personales, recurren a fondos públicos. La mayoría ocupan altos cargos en el Gobierno regional, además de forman parte de partidos independentistas que, como todos, reciben un porcentaje de financiación pública proporcional a los votos conseguidos.

Y ese es su pecado, el que investigaba el Tribunal de Cuentas, que está precisamente para eso, para que los fondos públicos se destinen a lo que deben estar destinados. No a pagar, por ejemplo, la sede de Waterloo y los gastos de viaje de docenas de personas a Waterloo, con todo lo que eso implica al convertirlo en euros.

La reacción de la Generalitat ha sido crear un fondo para pagar los avales a sus compañeros. Un fondo que es también dinero público. Y que cualquiera entiende que no puede ser destinado a pagar las fianzas de quienes están acusados de malversación de fondos públicos.

Doctores y expertos hay que lo explican citando artículos, leyes y normas. Pero no hace falta tener muchas luces para comprender que lo que pretende Aragonès es una desfachatez y una ilegalidad. Seguro que lo comprende hasta Pedro Sánchez, aunque siempre cae en la tentación de mirar con buenos ojos a los independentistas.

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