LA historia se vuelve a repetir. Jerez parece condenada a ver cómo otro máximo representante elegido por todos sus ciudadanos acaba en la cárcel. Si los jueces o un milagro de última hora no lo remedian, Pilar Sánchez Muñoz, alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011, seguirá los pasos de Pedro Pacheco y, tras ser condenada por el Tribunal Supremo, ingresará en prisión. De no prosperar los últimos recursos que, como hiciera la defensa de Pacheco, presentarán como última opción los abogados de Sánchez, será un triste fin para la carrera de una política que ya paga un precio en estos momentos, fuera del partido en el que militó, el PSOE, y sin posibilidad de desempeñar cargo público alguno por estar condenada a inhabilitación por otro caso. Nada comparable a entrar en una cárcel.

Los dos alcaldes emprendieron una encarnizada lucha para destrozarse el uno al otro en los tribunales hasta el punto de que, en una guerra sin vencedores ni vencidos, ambos han terminado de la misma forma. Con penas de cárcel diferentes y asuntos todavía pendientes, sí, pero en un lugar donde se hundirán para siempre sus figuras políticas y, por supuesto, sufrirán sus vidas como personas.

El rechazo del Supremo al recurso de apelación presentado por Pilar Sánchez contra la condena de 4,5 años que le impuso la Audiencia Provincial es tan duro como claro en sus apreciaciones delictivas. Estamos ante otro varapalo a una forma de hacer política que durante años se saltó a la torera procedimientos, normas y trámites para favorecer a terceros. Años de políticas 'alegres', castigadas ahora en los tribunales y en las urnas, en las que muchos representantes públicos creían tener impunidad absoluta. Algunos, de hecho, se han ido de rositas. No parece ser el caso de Pacheco y Sánchez, dos de los cuatro alcaldes que ha tenido Jerez en democracia. El tercero (tercera) con asuntos legales pendientes es la recién elegida diputada María José García-Pelayo por la rama jerezana del caso Gürtel.