Editorial

La ley del suelo o la importancia de un acuerdo

La comisión parlamentaria ha aprobado el dictamen de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista), conocido por todos como la ley del suelo. Lo más destacable es que este paso, que deja encaminada la aprobación en el Pleno del Parlamento andaluz de dicho texto, se ha podido dar gracias a la abstención del PSOE, al que hay que reconocerle, en esta ocasión, una altura de miras que no es muy normal en la vida política española. Porque existía todo un clamor, sobre todo en los ayuntamientos -independientemente de su color político- de que había que acabar con la actual ley del suelo, la LOUA de 2002, que debido a sus exigencias poco realistas se había convertido en un instrumento absolutamente inoperativo para la gestión municipal de los suelos. La Lista, sin embargo, tiene la virtud de dar mayor autonomía a los gobiernos municipales a la hora de gestionar su propio territorio -evitando un excesivo intervencionismo de la Junta-, además de simplificar los conceptos y acabar con la confusa calificación de suelo urbanizable. Pero, además de la cuestión técnica, el apoyo del PSOE a la Lista (aunque sea con la boca chica de la abstención) tiene una lectura política, porque demuestra lo importante que es el acuerdo entre los dos grandes partidos sistémicos a la hora de sacar adelante proyectos e iniciativas que redundan en el bien de los ciudadanos. Es importante recordar esto en unos momentos en los que el Gobierno andaluz de coalición (PP-Ciudadanos) está negociando con los distintos grupos políticos los Presupuestos de la comunidad andaluza de 2022. Si las gestiones fracasan no habrá Presupuestos y Andalucía se verá condenada al adelanto electoral. Como hemos dicho en más de una ocasión, la estabilidad política es un valor en sí mismo, más cuando debemos afrontar la difícil tarea de la reconstrucción económica tras la pandemia del coronavirus (cada vez más complicada, como se está viendo) y gestionar la lluvia de fondos europeos. El espíritu de la Lista podría aplicarse al de la negociación de las cuentas públicas.

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