PARECE que la normalidad ha vuelto a los aeropuertos españoles. Que se haya vuelto a la normalidad no puede significar que aquí no ha pasado nada, porque la cancelación de más de 4.000 vuelos, afectando a más de 600.000 personas, con unas pérdidas calculadas de 400 millones de euros, a las que hay que sumar las que se ocasionarán por la pérdida del prestigio turístico de España y por la frustración de tantas personas, pide algo más que iniciar 442 expedientes a los causantes de este desaguisado.

No voy a entrar en el debate que se ha producido sobre la atribución de culpas: para unos, la culpa la tiene el Gobierno por la promulgación del decreto-ley en la víspera del puente de la Constitución, cuando podía haber esperado unos días; para otros, el anuncio de las nuevas jornadas de trabajo provocaron en los controladores estrés y ansiedad; en fin, para otros, la culpa es, como siempre, del PP, que se había puesto de acuerdo con los controladores. Mi opinión es que la mayor culpa la tienen quienes con una situación laboral y profesional de la que pocos gozan y a la que todos aspiran (pocas horas de trabajo y un gran sueldo), se permiten el lujo de negarse a acudir a su trabajo, por padecimientos tan subjetivos como el de estar angustiados porque en el futuro van a trabajar más horas. Antes, las damiselas llevaban en su bolso el frasco de sales, en previsión de sus frecuentes desmayos; ahora, los controladores llevarán en sus bolsillos un buen surtido de ansiolíticos, por si la ansiedad les amenaza.

Hay que aplaudir la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma, aunque parece que con la militarización se han pasado. Como ha dicho Rubalcaba, quien le echa un pulso al Estado lo pierde. Mi reflexión es que cuando unos pocos, en defensa de sus intereses personales, causan problemas a la ciudadanía, siempre deben ser perdedores, aunque el pulso no sea al Estado, sino al conjunto de los ciudadanos. Cuántas huelgas y manifestaciones implican cortes de carreteras, suspensión de comunicaciones y servicios, poniendo patas arriba las ciudades, inutilizando el mobiliario urbano o dañando carreteras, y quedan sin sanción alguna y, por supuesto sin pago de indemnizaciones. Aquí, en Cádiz, con las huelgas del sector naval o las manifestaciones de Delphi, hemos tenido buenos ejemplos. Que yo sepa, no se inició una sola diligencia penal pese a que durante muchos años en el puente sobre la bahía quedaron como recuerdo de las batallas las heridas en el asfalto, causadas por los destrozos y por la quema de los neumáticos. Tampoco los ciudadanos y no sólo el Estado, deben perder cuando se les echa un pulso.