Monticello

Víctor J. Vázquez

vvazquez@us.es

Estado social y discriminación

No hay que olvidar la principal causa de desigualdad en la fiebre izquierdista de las identidades

La Constitución insta a los poderes públicos a promover la igualdad y remover los obstáculos que impidan a los individuos ejercer plenamente su libertad (art. 9.2) No hay que ser jurista para entender que lo que dicho artículo exige es que se ayude a aquellos colectivos que padecen alguna precariedad y no a quienes se distinguen por su situación de plenitud u holgura. Hay que decir, no obstante, que encontramos importantes excepciones a la que parece ser la lógica básica del Estado Social. Así, son los partidos políticos mejor implantados los que mayor dinero público reciben, al igual que ocurre con los sindicatos más representativos o con la propia Iglesia Católica. Frente al pluralismo político, sindical o religioso, el Estado, en la práctica, no remueve los obstáculos de las minorías, sino que, de alguna forma, consolida y promueve la realidad existente. Ahora bien, cuando los poderes públicos diseñan políticas destinadas a facilitar el acceso y disfrute de servicios básicos, esenciales para el bienestar, no cabe quiebra en la lógica elemental del Estado Social. Hay que ayudar primero a los que menos tienen, promover la igualdad material en las condiciones de ejercicio de sus derechos. La normalización de políticas de subvención pública que no introducen criterios correctores en función de la renta y que pueden favorecer, mediante automatismos administrativos, precisamente a los hogares con rentas más elevadas, no sólo provoca disfunciones económicas en nuestro sistema de redistribución de la riqueza, como han advertido tanto la OCDE como el BCE, sino que se aparta del mandato constitucional. Ante un horizonte, como el actual, no caracterizado por la abundancia, es tarea de todas las administraciones velar por la equidad de su tarea promocional, siendo precisas en el destino de estas partidas del gasto público. En todo caso, y dado que en muchas ocasiones quienes menos tienen son aquellos con menor capacidad para hacer valer sus derechos en el proceso político, son invisibles, como para el portavoz de Gobierno de la Comunidad de Madrid, es importante que sean los jueces quienes se tomen en serio la Constitución, frente a programas sociales que menosprecien o dejen fuera a los más carentes. La pobreza ha de ser vista, allí donde el Estado Social no favorece a los más necesitados, como una categoría sospechosa de discriminación. En resumen, no hay que olvidar la principal causa de desigualdad en la fiebre izquierdista de las identidades.

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