La tribuna

abraham Barrero Ortega

La violencia de género: problema público

LOS derechos fundamentales, en tanto fundamento del orden político democrático, deben ser respetados por el Estado y por los particulares. Sin embargo, históricamente la distinción público/privado ha servido de fundamento para violar gravemente esos derechos.

Un buen ejemplo es la violencia intrafamiliar, ya que históricamente esta forma cruel y degradante de afectar a la integridad física y moral de las mujeres era amparada porque se daba en el espacio íntimo del hogar. Hoy, poco a poco, se está creando conciencia en torno a la importancia de denunciar estos hechos y el Estado ha ido adoptando un rol protagonista en la defensa de las víctimas. El paso de considerar la violencia de género como problema privado a considerarla un problema social no sólo implica la visualización del problema, sino también un nuevo modo de analizar sus causas y sugerir actuaciones para prevenirlo. En esta dirección, la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género una serie de derechos con la finalidad de que puedan poner fin a la relación violenta y recuperar su proyecto de vida.

En esa tarea de concienciación frente a la violencia de género debe resaltarse el papel del feminismo en la deslegitimación de la violencia contra las mujeres y en la elaboración de un nuevo marco de interpretación de la misma. Si hoy existe una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre la violencia de género es gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra esta lacra social. Ya no es un delito invisible, sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social. El feminismo incorpora distintas expresiones de resistencia y de lucha por los derechos fundamentales de las mujeres. Feminismo y derechos fundamentales van de la mano.

Tampoco es cívico, no se corresponde con los valores cívico-democráticos, imputar en falso, irresponsablemente, malos tratos ni siquiera denunciados, escudándose en que esa falsa imputación se ha hecho en privado -imagino que para evitar cualquier exigencia de responsabilidad-. Cierto es que la privacidad con que se hace la imputación dificulta, en todo caso, la exigencia de responsabilidad penal por difamación. El honor y la presunción de inocencia son también derechos fundamentales. Y en un Estado de Derecho son los jueces los encargados de administrar justicia. No se pierda de vista, por otra parte, que la violencia de género es un delito público, de modo que el mayor favor que cualquier persona que tenga conocimiento de hechos de esa naturaleza puede hacer a las víctimas es denunciarlo ante la Fiscalía. Que lo privado trascienda al ámbito público y todo ello sea enjuiciado en el marco de un proceso con todas las garantías (art. 24 CE). Lo público es, pues, el espacio apropiado para, por un lado, reprimir esos comportamientos intolerables y, por otro, evitar cualquier género de autotutela, vía de hecho incompatible con los postulados del Estado de Derecho, o, en el peor de los casos, la chismografía destinada a saciar la pura frivolidad.

Creo que uno de los tópicos infundados en torno a los malos tratos es el de las denuncias falsas, como se ha encargado de desmontar el Consejo General del Poder Judicial en distintos estudios, pero llevo o reduzco al absurdo, exagero si se quiere, mi planteamiento de las imputaciones falsas en privado para subrayar, no obstante, que hay temas sobre los que no se debe frivolizar. Cualquier taxista, ejecutor de hipotecas, médico, periodista, abogado o catedrática de Universidad debiera ser consciente de ello aunque no haya cursado Educación para la Ciudadanía. Debiera saber que no ya la autotutela sino la relegación de la violencia de género al ámbito privado no es admisible en un Estado de Derecho como el que consagra nuestra Constitución.

La vulneración del honor y la presunción de inocencia en las relaciones horizontales, aunque soy consciente de que es un tema que admite muchos matices, tampoco debiera percibirse como un asunto exclusivamente privado. La diferenciación entre público y privado ha servido durante largo tiempo para vulnerar derechos. La violencia de género es un buen ejemplo de ello. Pero la ofensa privada también tiene relevancia pública. Lo público, en suma, como garantía de los distintos derechos, bienes y valores constitucionales. Empezando, desde luego, por la integridad física y moral de las mujeres maltratadas. Me interesa decirlo, bien claro, en público.

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