Efectos colaterales del 23-J

Las elecciones generales le han pasado factura a dos de las formaciones que más han contribuido a la polarización de la política en España: Vox y Podemos. El partido de Santiago Abascal perdió 19 escaños y sus 33 diputados no son decisivos para propiciar un cambio de Gobierno. Además, sus menguadas fuerzas le impedirán presentar recursos de inconstitucionalidad contra las leyes que promulgue el Parlamento y tampoco podrán presentar efectistas mociones de censura. Se da la paradoja de que la formación ultra, con una toma de decisiones muy jerarquizada y concebida para jugar un papel determinante en la estructura central del Estado, puede tener a partir de ahora más protagonismo en las autonomías, que propone eliminar, que en las instituciones centrales. La cesión sin condiciones a Núñez Feijóo de los votos de sus 33 diputados es el último ejemplo del errático rumbo de este partido, que corre el riesgo de decantarse por subir los decibelios de su extremismo. La marcha del que hasta ahora ha sido su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, sirve de epítome. En la orilla contraria, Podemos ha quedado diluido en Sumar. Sólo conserva 5 de los 69 escaños que alcanzó en su máximo esplendor en 2015. Camina con paso firme hacia la irrelevancia si no a la desaparición. Ahora anuncia un ERE para despedir a 45 trabajadores, a la vez que cierra sedes en nueve comunidades. El partido que más se ha opuesto a este tipo de medidas laborales no duda en acudir ellas para salvar sus muebles después de que el electorado le haya dado la espalda con contundencia. La pérdida de peso de partidos que han convertido en irrespirable el clima político español es, sin duda, una buena noticia. Aunque igual hay que prevenir posibles coletazos a la desesperada. La cuestión es saber si el PP y el PSOE pueden aprovechar esta oportunidad para calibrar errores pasados y poner fin a esta vorágine de enfrentamientos.