Secuestro informático

El ataque de piratas informáticos al Ayuntamiento de Sevilla, que ha paralizado todos los servicios telemáticos municipales y supuestamente ha puesto en manos de los delincuentes datos personales de cientos de miles de ciudadanos, vuelve a demostrar que la ciberseguridad es uno de los mayores riesgos a los que tienen que hacer frente en estos momentos tanto las administraciones como las empresas. A pesar de los avances registrados en los últimos años, es casi imposible garantizar el blindaje de los equipos informáticos. Aun así, en este caso concreto hay que señalar que no es la primera vez que se produce un hecho de estas características, por lo que cabe concluir que en el Ayuntamiento de Sevilla no se ha invertido todo lo necesario para controlar una amenaza real y permanente. Lo ocurrido repite el patrón de lo que ya ha pasado en miles de empresas privadas de toda España y en decenas de administraciones y centros estratégicos: los ciberdelincuentes –también en algunos casos, ciberterroristas– encriptan toda la información del centro que saquean y exigen un elevado rescate para levantar el secuestro. Mientras tanto, supuestamente, tienen a su disposición todos los datos y pueden hacer con ellos lo que quieran. Es evidente que la seguridad total no existe en este campo, como en ningún otro de la vida. Los hackers siempre encontrarán agujeros por los que meterse en los ordenadores. Pero también lo es que hasta ahora este ha sido un aspecto al que no se le ha prestado suficiente atención. La protección informática es una necesidad de primer orden para cualquier institución, pública o privada, que requiere formación, inversión y talento. Pero en el caso de las administraciones públicas hay además un aspecto que conviene subrayar: almacenan datos muy sensibles sobre la vida de sus administrados. Lo que ha sucedido en Sevilla debe hacer reflexionar a los responsables institucionales sobre lo mucho que se juegan y el material tan sensible que tienen la obligación de proteger.