La amnistía y las líneas rojas

El Gobierno en funciones, su presidente y sus aliados llevan semanas embarcados en una operación propagandística para hacer digerible a la opinión pública la amnistía para los condenados y procesados por la intentona separatista catalana de 2017. Nadie duda a estas alturas duda de que esa será una de las concesiones –no la única, pero sí una de las más trascendentes– de los acuerdos que permitirán a Pedro Sánchez superar la investidura y aguantar unos años más en la Moncloa. Frente a ellos, Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular han optado por un perfil bajo en la quimérica esperanza de que en el mes que falta para su votación en el Congreso logren arañar el apoyo del PNV o incluso del partido de Puigdemont. Sin embargo, conviene no infravalorar el alcance de una medida de enorme gravedad y que no tiene precedentes en nuestro sistema democrático. La Ley de Amnistía de 1977 consagró el cambio de régimen, tanto como la celebración ese mismo año de las primeras elecciones libres y la promulgación de la Constitución al año siguiente. El franquismo quedaba abolido y se reconocía que las personas que habían sufrido la persecución de la dictadura no habían cometido ningún delito. Forzar ahora una norma de alcance similar sería reconocer que los sucesos de 2017 en Cataluña fueron una actuación democrática, injustamente reprimida por los poderes del Estado socavando los derechos de los ciudadanos de esa comunidad. Además, supondría una desautorización expresa de uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo, a la actuación del Judicial. Se mire por donde se mire, un despropósito que España no puede permitirse sin poner en riesgo la calidad de su democracia y la fortaleza de sus instituciones. Sánchez tiene el derecho de buscar un acuerdo lo más amplio posible, pero debería tener claras cuáles son las líneas rojas que un servidor del Estado no puede rebasar. Y al PP le toca dejar de jugar a imposibles y asumir su papel de oposición para que rebasar esas líneas no salga gratis.