El presidente del Gobierno proclamó con toda solemnidad el miércoles desde la tribuna del Congreso que "nunca jamás" habrá un referéndum para que Cataluña pueda decidir de forma unilateral su separación del resto de España. Nada que deba sorprender: si hubiera siquiera insinuado lo contrario habría despreciado todo el ordenamiento constitucional que está obligado a defender y los principios sobre los que se asienta la democracia. Tampoco hay que sorprenderse de que desde los escaños de la oposición no dieran demasiado crédito al compromiso que adquiría Pedro Sánchez delante de los representantes de la soberanía nacional. Está en el guión. Llama la atención, sin embargo, que esa misma desconfianza la expresaran con chulería sus socios parlamentarios a los que colma de gestos y concesiones con el fin de mantener la estabilidad de la legislatura. Esquerra Republicana, a la que acaba de regalar los indultos de los presos del procés a cambio de una mesa de diálogo que terminará costándonos al resto de los españoles unos cuantos de miles de millones de euros, se lo dejó bien claro: no iba a haber indultos y los hubo, con el referéndum es cuestión de tiempo. Y algo parecido le señalaron Junts o el PNV. Más allá de lo que pueda pasar en los próximos meses o incluso en los próximos años en la siempre tensa relación de Cataluña con el poder central, lo que cabe concluir de la sesión parlamentaria en la que Sánchez adquirió el compromiso sobre la consulta es que cualquier afirmación que salga de su boca se pone en cuarentena de forma automática. Motivos hay para ello y se podrían llenar páginas recordándolos. Pero quedémonos, por su trascendencia política, con el ya aludido que los presos separatistas cumplirían íntegras sus condenas o con su promesa de no gobernar con Podemos que abocó al país a una repetición de las elecciones generales. La credibilidad es la base sobre la que se construye el prestigio, en el interior del país y en la esfera internacional, de un gobernante. Cuando se pierde es casi imposible recuperarla. La del presidente del Gobierno, para desgracia del país, está bajo mínimo y eso juega en contra de España.