Daño al Estado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier otro ciudadano que se viera en sus mismas condiciones. Pero no tiene derecho a lesionar el prestigio y la credibilidad de una institución básica en la articulación del sistema democrático como es la Fiscalía, que, en definitiva, tiene como misión defender los intereses de la ciudadanía en los tribunales de justicia. Esta afirmación, que se ha venido reiterando desde que comenzó la investigación de su caso, adquiere una nueva dimensión tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso contra su procesamiento y colocarlo de esta forma al borde del banquillo para responder a una acusación que podría conllevarle una pena de prisión. Han sido numerosos los juristas que durante los últimos días han cuestionado los hechos y los fundamentos que han llevado a García Ortiz a esta penosa situación. Pero con ser importantes, por encima de las circunstancias personales del fiscal general e incluso de sus derechos individuales está el Estado. Una democracia no puede permitirse tener a una de sus principales instituciones con su credibilidad comprometida por una acusación penal. Es tan incomprensible como el apoyo entusiasta que le presta un Gobierno que también en este caso ha demostrado que no sabe estar a la altura de su responsabilidad política. Si finalmente García Ortiz se sienta en el banquillo como fiscal general, con la aberración jurídica que supone que un subordinado suyo tenga que ser su acusador, España estará dando un espectáculo propio de una república bananera y se habrá alejado de los estándares de comportamiento exigibles a cualquier democracia. El daño que ya se ha hecho a la Fiscalía a cuenta del desgraciado asunto de la filtración de los datos del novio de la presidenta de Madrid es muy elevado. Pero si García Ortiz se empecina en seguir en su puesto pueden ser todavía mucho mayores.