El debate celebrado ayer en el Congreso de los Diputados sobre las seis enmiendas a la totalidad que se han registrado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 pusieron en evidencia que la presente Legislatura está más que agotada y que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, debe convocar cuanto antes elecciones generales para intentar salir del atolladero político en el que se encuentra el país. Aunque la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, hizo un notable esfuerzo retórico, ya todo indicaba que de lo que se hablaba en el Parlamento no era de los PGE, sino que más bien se estaban fijando posturas y lanzando mensajes ante unas inminente convocatoria electoral. Por mucho que Montero insista en el incremento del gasto social de los PGE o en medidas como la subida del salario mínimo, la eliminación del copago, el aumento del gasto en becas y Educación o en la recuperación del subsidio para los desempleados mayores de 52 años, quedó claro que, hoy por hoy (y salvo un milagro), la complicada amalgama que llevó a Sánchez a ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy y llegar a la Moncloa se ha disuelto irremediablemente y que ya sólo le queda elegir una fecha el calendario para las elecciones. De hecho, las informaciones indican que el líder socialista baraja los días del 14 de abril (cargado de simbolismo por la fecha en la que se conmemora el advenimiento de la II República, en 1931) o el 28 del mismo mes. El Gobierno apenas cuenta con el matizado apoyo de Podemos, y de estos convulsos ocho meses hay que sacar la definitiva conclusión de que, actualmente, cualquier intento de negociación con los líderes independentistas naufraga por la deslealtad del nacionalismo catalán.

Al mismo tiempo que comenzaba el juicio por rebelión a los dirigentes del procés en el Tribunal Supremo, en el Congreso se evidenciaba el bloqueo político que vive el país. Sobre el primer asunto, Sánchez no puede hacer nada, sólo respetar a un Poder Judicial que no dudamos hará su trabajo con todas las garantías de un Estado de Derecho de primera calidad como es el nuestro. Sin embargo, el presidente del Gobierno sí puede poner las urnas (las de verdad) para dar la oportunidad a los ciudadanos de armar una nueva mayoría que puede hacer frente al redoble de la presión independentista que se presume una vez salgan las sentencias, si es que éstas son condenatorias.