El presidente Juanma Moreno reconocía, en unas declaraciones durante el proceso de formación del primer Gobierno con mayoría absoluta del PP en Andalucía, que había tenido muchas dificultades para encontrar profesionales de prestigio ajenos a la política que quisieran sumarse al proyecto. De hecho, insinuó que había recibido algunas negativas y cuando el lunes el anuncio oficial de la lista se retrasó se especuló con que se había producido una deserción en el último minuto. El problema que planteaba Moreno está en el origen de algunos de los males que aquejan a la política española y a la alarmante bajada de nivel que se observa en los últimos años en todas las esferas de la Administración, empezando por el Gobierno de la nación. Los bajos sueldos de un consejero o incluso de un ministro, las duras incompatibilidades que dificultan la vuelta a la carrera profesional cumplido un tiempo en el servicio público, la exposición pública excesiva y el escrutinio mediático o el riesgo de terminar en medio de una polémica política trufada de acusaciones ha hecho que, cada día más, la política se quede casi en exclusiva para los que tienen mucha vocación, están a gusto en la férrea disciplina de partido y cifran en ese mundo su desempeño profesional. Los currículos que triunfan en el mundo de la empresa o en los escalones administrativos a los que se llega tras duras oposiciones prefieren mantenerse, salvo destacadas excepciones, al margen, lo que empobrece sin ningún género de dudas la calidad del servicio público. Algo se ha hecho muy mal en España cuando lo que en tiempos de la Transición era considerado un motivo de orgullo personal y social -abandonar durante unos años el puesto profesional para dedicar un tiempo a la política- hoy sea considerado un problema que hay que pensarse mucho. Dignificar la política y devolverle el prestigio social que nunca debió perder es una tarea que habría que tomarse muy en serio. Sobre todo, porque de lo que estamos hablando es de la calidad de nuestra democracia.