La sentencia del Tribunal Constitucional, que anula el confinamiento acordado por el Gobierno durante el estado de alarma declarado el 14 de marzo del año pasado, constituye, por encima de cualquier otra consideración, una desautorización expresa de la que sin duda ha sido la medida más trascedente adoptada por un Ejecutivo de España a lo largo de muchos años. El hecho de que haya sido decidida por el estrechísimo margen de un voto de diferencia por los 11 magistrados que componen el pleno no le resta un ápice de trascendencia y supone, nada más y nada menos, que se restringió la libre circulación de los ciudadanos, un derecho fundamental recogido en la Constitución, utilizando un paraguas jurídico, el estado de alarma, que no era el adecuado para ello. El Gobierno debería haber recurrido, según la argumentación del Tribunal, al estado de excepción, que da mayor discrecionalidad a la autoridad a la hora de establecer limitaciones a los derechos, pero que conlleva una mayor fiscalización del Parlamento. La respuesta del Gobierno de que la adopción de la medida sirvió para salvar cientos de miles de vidas no deja de ser una pataleta pueril, que se podría contraargumentar con las también miles y miles de vidas que costó que no se adoptara ningún tipo de decisión hasta mediados de marzo, cuando hacía ya casi un mes que era palmaria la gravedad de la situación y se permitieran concentraciones de masas que dispararon los contagios. Lo que la sentencia del Constitucional evidencia es que la legislación española no estaba preparada para una situación sobrevenida que no tenía precedentes y que parcheó mal con el estado de alarma, que -no se olvide- obtuvo un respaldo casi unánime del Parlamento. La elaboración de una ley de pandemias que prevea situaciones como la que hemos vivido en España durante dieciséis meses parece claro que es una tarea que el Ejecutivo y el Legislativo tendrían que adoptar sin dilaciones. Mejor eso que, como está sucediendo, una cuestión tan grave sirva para un nuevo capítulo de tensión y crispación, tan frecuentes en nuestro panorama político.