MESES después de que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se comprometiese a la redacción de una ley de pandemias que, entre otras cosas, clarifique las medidas que puedan afectar a los derechos fundamentales en situación de crisis sanitaria, España sigue sin esta herramienta que, cada día que pasa, parece más necesaria. Por contra, tenemos que asistir a eso que llaman cogobernanza o federalización de la pandemia, que apenas oculta un caos político y legislativo que lleva a situaciones surrealistas y altamente ineficaces, en la que los jueces de los distintos tribunales superiores de las comunidades autónomas pueden dictaminar de manera muy diferente en cuestiones fundamentales como la obligatoriedad o no del pasaporte Covid. El mismo Ejecutivo que no escatima energías en leyes y acciones altamente ideológicas que fracturan a la sociedad es incapaz de impulsar un texto que, con un poco de buena voluntad por parte de la oposición –algo que también parece muy difícil de alcanzar–, sería muy fácil de aprobar.

Esto vuelve a quedar en evidencia en estos días en que la variedad del coronavirus conocida como ómicron vuelve a sembrar la inquietud en todo el mundo. La inexistencia a estas alturas de una ley específica contra las pandemias –que esté redactada con criterios claramente científicos y que respete los derechos fundamentales de las personas– se puede considerar como un fracaso del Ejecutivo y del Parlamento, órgano en el que recae la acción legislativa. Todo indica que en los próximos tiempos es muy posible que asistamos a un repunte de las enfermedades infecciosas –que ya se creían superadas– y lo normal es que una sociedad avanzada se dote de todo tipo de herramientas –entre ellas, las legislativas– para hacerles frente. La inactividad de los políticos en este sentido es incomprensible e inaceptable.