El cambio de postura del Gobierno sobre el antiguo Sahara español no deja de ser una muestra de realpolitik en un momento especialmente delicado de la geopolítica mundial. Con el apoyo al plan marroquí para conceder autonomía administrativa al territorio, España se suma a una línea que se está imponiendo, por la fuerza de los hechos, en la comunidad internacional. La primera potencia mundial, Estados Unidos, lo hizo en diciembre en la que fue la última decisión internacional de relieve de la Administración Trump y poco después adoptó la misma postura Alemania, enseñando el camino que antes o después seguirá el resto de la Unión Europea. Que ahora lo haga la antigua potencia colonial, que abandonó a su suerte a los saharauis hace ya casi medio siglo, en plena agonía del franquismo, no deja de ser un movimiento lógico, por más que en nuestro país al margen de factores puramente geopolíticos se muevan otros de carácter emotivo y se rompa una postura que tenía un fuerte apoyo político y social. Pero lo cierto es que ninguna cancillería de las que cuentan en el mundo contempla ya la posibilidad de que haya un Sahara independiente al sur de Marruecos. El problema del cambio de postura de Sánchez ha sido, como es marca de la casa, lo mal que se ha explicado y el momento que se ha elegido. Es evidente que España no puede permitirse tener una mala relación enquistada con Rabat. Pero permitir a Mohamed VI presentar los hechos como una claudicación del Gobierno de Madrid no deja de ser un símbolo más de su caótica política exterior, que se hubiera podido evitar buscando, al menos, un discreto consenso con el principal partido de la oposición. Tampoco es menor la cuestión de que se abra un foso diplomático con Argel en plena crisis energética, cuando el suministro de gas argelino se sitúa como la gran alternativa frente al corte de los gaseoductos rusos y España va a jugar ahí un papel clave.