Un sistema que garantice la igualdad

Los políticos andaluces tienen que convencer a sus compañeros de Madrid de la importancia de que Andalucía esté bien financiada

La iniciativa de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para intentar alcanzar una postura común entre todos los partidos andaluces con respecto a la financiación autonómica es más que lógica y necesaria. La presidenta tiene la obligación de liderar una batalla en la que, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, nos jugamos la cantidad y calidad de la sanidad o la educación durante los próximos diez años. Más allá de las diferencias ideológicas, todos los partidos con representación en el Parlamento de las Cinco Llagas deben tener muy claro cuál es el interés de Andalucía y que, sin caer en posturas insolidarias o centrífugas, es importante que el nuevo sistema de financiación autonómica satisfaga las principales necesidades materiales de nuestra región, algo que el actual no consigue. Sin embargo, no podemos ser ingenuos. En gran parte, las principales líneas del acuerdo no se alcanzarán en Sevilla, sino en Madrid. Serán las cúpulas nacionales de los principales partidos las que decidirán finalmente cuáles son los criterios con los que se repartirá la gran tarta de la financiación autonómica y, siendo realistas, a lo más que podrán aspirar las cúpulas territoriales (por mucho peso que tengan) es a influir lo máximo posible, pero sin tener la palabra final. En este sentido, el asunto se presenta complicado. Como es notorio, las relaciones de Susana Díaz con el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no son precisamente buenas, por lo que su influencia en las decisiones de Ferraz es prácticamente nula. Mejor posición tiene el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en Génova. Moreno fue un hombre impuesto por Soraya Sáenz de Santamaría, y mientras ésta conserve su poder en el Gobierno aquél tendrá clara influencia en las grandes decisiones que afecten a Andalucía, pero su palabra no será, ni mucho menos, definitiva.

Pese a esta situación de relativa debilidad los políticos andaluces tienen que convencer a sus compañeros nacionales de la importancia de que esté Andalucía bien financiada. Nadie puede negar que las principales reivindicaciones de la Junta son justas y razonables: que la variable más importante en la financiación sea la población y la necesidad de un cálculo del coste promedio en sanidad, educación y servicios sociales para garantizar que todos los ciudadanos españoles, independientemente de la autonomía donde habiten, tengan acceso a las mismas cotas de bienestar. La lógica de la reivindicación cae por su propio peso, a no ser, claro está, que ya no se crea en la igualdad entre todos los españoles.

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