El Gobierno, por boca de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, propuso ayer que Salario Mínimo Interprofesional (SMI) suba para 2022 a 1.000 euros brutos en 14 pagas, con efecto desde el pasado 1 de enero, con lo que se alinea con la petición exacta de las centrales sindicales UGT y CCOO. Díaz dejó claro que lo que a ella, como Gobierno, le "gustaría" es pactar un alza que alcance esa cifra simbólica, aunque los propios representantes sindicales señalaron que en la reunión de la mesa de diálogo tripartita la subida propuesta fue de 31 euros, lo que llevaría el SMI a los 996 euros brutos mensuales en 14 pagas. Por ello, reiteraron que su reivindicación sigue siendo alcanzar en este 2022 los 1.000 euros. La patronal estatal, la CEOE, por su parte, evitó pronunciarse y guarda silencio, pero su asociada catalana Foment del Treball dejó claro que esa subida no le parece oportuna. De concretarse el SMI en esa cuantía, se sumarían 6 euros brutos a la reciente revisión de 15 euros que acordaron sindicatos y Ejecutivo en septiembre pasado, pacto del que CEOE se descolgó. La revisión salarial propuesta está muy próxima a la pactada el año anterior, que fue elevada. Además, acaba de aprobarse una nueva reforma laboral cuyos efectos están por ver, pero que sus promotores sostienen que supondrá un alza de salarios. Se corre el riesgo, por tanto, de tensionar más de lo deseable el mercado laboral, en un momento en el que la mayor incertidumbre para la economía es precisamente una inflación descontrolada por las consecuencias de haber parado la cadena de suministro por la pandemia y el encarecimiento de los costes de la energía y de los bienes de equipo y servicios. Si lo más importante ahora mismo es asegurar que no haya una escalada de precios y salarios, lo aconsejable es ser prudente respecto al alza del SMI.