La sociedad civil acaba de volverle a recordar al poder Ejecutivo que hay proyectos de país que exigen voluntad política, previsión presupuestaria y carga económica para que se hagan realidad en el menor tiempo posible. Es justo lo que ocurre con el Corredor Mediterráneo, una infraestructura que hace diez años se declaró prioritaria y que sigue muy lejos de ejecutarse en los plazos comprometidos. Más de 1.300 empresarios de toda España lo pidieron en Madrid el pasado miércoles e invitaron a representantes institucionales, que acudieron para dar respuesta. El chequeo semestral que hace la plataforma empresarial creada hace un lustro para reivindicar el corredor no deja lugar a dudas: ningún tramo totalmente terminado y muchos en los que las obras ni han empezado. Un balance "muy decepcionante", en palabras del presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, presente en el acto. Lo es aún más si el foco se acerca a los tramos que discurren por Andalucía, que son claves para la vertebración territorial y para potenciar el desarrollo económico de la comunidad. La reivindicación está cargada, además, de argumentos: en el arco mediterráneo español vive la mitad de la población, se genera el 45% del PIB o se mueve el 63% de las mercancías que entran por los puertos. Es, además, una infraestructura sostenible y que complementará el diseño radial de comunicaciones con epicentro en Madrid con una red semicircular desde la frontera francesa en Cataluña hasta Algeciras. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, asumió el reto y reafirmó el compromiso de completar la infraestructura hasta Almería en 2026, gracias al impulso de la financiación europea para la recuperación. Los antecedentes no animan a ser confiados, pero ojalá esté en lo cierto la ministra, porque perder este tren sería muy perjudicial para toda España, no sólo para las comunidades mediterráneas. Desde Andalucía, además, es obligado decir que aun cumpliéndose, quedaría pendiente un tramo vital: Antequera-Algeciras.