Vivienda: pedir imposibles

En España existe un problema estructural de acceso a la vivienda por dos razones fundamentales. La primera es que la oferta no cubre, ni de lejos, la demanda. Según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, al año se construyen poco más de cien mil viviendas y se crean algo más de 260.000 hogares. Ello hace que el déficit acumulado en el periodo 2022-2024 se sitúe, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, en unos 450.000 pisos, una cifra que se ha podido incrementar en otras 100.000 unidades durante el año que acaba de terminar. La segunda razón es que la vivienda se ha convertido en el principal activo de especulación financiera del país, lo que ha provocado una escalada de precios que saca del mercado a las economías modestas y, especialmente, a los jóvenes que se incorporan a la vida laboral. Es evidente que una situación tan compleja y con tantas implicaciones sociales y de calidad de vida no se puede solucionar en los cuatro años que dura una legislatura y mucho menos con anuncios y parches para afrontar una campaña electoral. Como se ha reiterado en los últimos años desde instancias muy diversas, la forma lógica de abordar la que es la principal preocupación de los españoles sería mediante un pacto de Estado que trascendiera siglas políticas, que se prolongara durante al menos una década y que implicara de forma muy directa a las administraciones autonómicas y locales. El presidente del Gobierno propuso el lunes una exención fiscal en el IRPF para los propietarios que no apliquen subida en las rentas al final de los contratos de alquiler. Parece una medida razonable que no se aleja mucho de algunas que también ha esbozado el PP. Si la propuesta de Pedro Sánchez llegara al Congreso podría obtener un apoyo de, al menos, 256 diputados. Ese sería el camino lógico. Aunque en la España actual reclamar a los dos grandes partidos acuerdos en cuestiones que incluso comparten en lo básico es pedir imposibles.