Complementariedad

Después de la decepción de la pasada legislatura, en la que el Gobierno regional no acometió la concertación del Bachillerato, prometida en la campaña electoral de 2018 y reiterada en la que le dio la mayoría absoluta en junio de 2022, los centros concertados y sus familias esperamos que, por fin, este año sea el de la definitiva rectificación de una situación de desigualdad que contradice el mandato constitucional del pluralismo educativo y el derecho a elegir de los padres. Un mandato que, como ha subrayado el Tribunal Supremo, exige la complementariedad de las redes pública y privada para garantizar la prestación del servicio público de la educación.

Con frecuencia, se habla demagógicamente de un derecho a la educación pública que realmente no existe, porque lo que la Constitución consagra es el derecho público a la educación. El lugar donde se pone el adjetivo público es decisivo: en este caso, el orden de los factores sí altera, y de forma sustancial, el producto. El énfasis sobre la titularidad de los centros y no sobre el derecho anula en la práctica la libertad de elección y el propio derecho a la educación: garantizar un supuesto derecho a la educación pública, a costa de la educación concertada, no es sino violentar el mandato constitucional que implica la libertad de elección de las familias.

Hoy esta libertad de elección no existe en Andalucía en Bachillerato, y el Gobierno regional tiene la oportunidad (y el compromiso electoral) de hacerla real. Sin embargo, las recientes declaraciones de la Consejera de Educación, Patricia del Pozo, a diferentes medios de comunicación nos crean dudas. Por un lado, ha manifestado su intención de empezar a concertar el Bachillerato y ha insistido en la complementariedad de las redes públicas y privadas. Pero, por otro lado, al aterrizar en sus intenciones concretas sobre ello, ha desmentido esta complementariedad, trasladando una visión de la educación concertada que es de subsidiariedad, al indicar que sólo se concertarán si no hay plazas vacías en centros públicos de la misma zona.

Habría que recordarle a nuestra Consejera lo que cualquier madre o padre sabe: tratar por igual a dos hijos no es darle a uno solo lo que le sobra al otro. Eso es en realidad discriminar con todas las letras. Y no podemos aceptar que se disfrace la discriminación con criterios de eficiencia, porque si lo que se pretende es optimizar los recursos públicos lo que habría que hacer es atender a los méritos de los centros y a la demanda de las familias, no a la titularidad. Por un principio de eficiencia en la inversión de los recursos públicos de los andaluces, si la Consejería encuentra que hay líneas y plazas vacías de Bachillerato en centros públicos, lo que tendría que cuestionarse son esas líneas y plazas, no la concertación de líneas de Bachillerato de centros concertados que cuentan con la demanda probada de las familias, puesto que ya tienen a sus hijos allí.

¿Criterios de eficacia? De acuerdo, pero para todos. Los centros para los que pedimos la concertación ya tienen el Bachillerato en marcha funcionando sin concierto y su demanda está más que asegurada. Concertarlo es una cuestión de equidad y de justicia de social, de evitar que las familias con menos posibilidades económicas que han tenido a sus hijos en un colegio concertado durante toda la Primaria y/o la Secundaria tengan que moverlos a un instituto público en Bachillerato porque no se lo pueden permitir.

Lo que esperamos desde ECA no es ni más ni menos que igualdad, y que la Consejería de Educación haga honor a esa complementariedad de redes a la que se ha referido su titular en sus comparecencias. Y por ello no es un simple guiño lo que esperamos, una concertación simbólica para poder argumentar que se ha avanzado en el cumplimiento de los compromisos electorales, sino una decisión consecuente con el proclamado derecho público a la educación y la libertad de elección de las familias.

Una decisión consecuente que para nosotros pasa por la concertación del Bachillerato en todos los centros que lo han solicitado o, en su defecto, por la definición de unos criterios muy claros, sobre la base de la estricta igualdad y complementariedad de las redes, y no desde una perspectiva de subsidiariedad en la que le damos preferentemente a una red, y sólo cuando esta no llega, contamos con la otra. Porque eso, como sabe cualquier padre y madre, y cualquier educador, no es igualdad sino parcialidad. Y por tanto desmentir el principio de que la educación en Andalucía ya no tiene ideología.